La ex secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga permanecerá privada de la libertad, luego de que un tribunal colegiado en materia penal en Ciudad de México le negó un amparo y confirmó la vinculación a procesos que le dictó un juez de control en agosto del año pasado, por el delito del ejercicio indebido del servicio público conocido como la estafa maestra.

Ante lo infundado e inoperante de los agravios propuestos, se confirma la sentencia recurrida; se niega el amparo y protección de la justicia de la unión a la quejosa contra el auto de la vinculación a proceso y se declaran sin materia los recursos de revisión adhesiva.

El noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito declaró infundados e inoperantes los señalamientos de la ex secretaria de Estado, quien argumentó que en el proceso hubo un efecto corruptor por la Fiscalía General de la República (FGR), la cual inició la investigación en su contra casi cuatro años después de que se cometieron los supuestos delitos.

Por unanimidad, los magistrados consideraron que al dictar la vinculación a proceso, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, de manera correcta, verificó que los datos de prueba que constan en la carpeta judicial son aptos y suficientes para tener por acreditado el hecho que la ley señala como delito ejercicio indebido del servicio público continuado.

Agregaron que con los datos de prueba el juez de amparo verificó que se tuvo por acreditado que Rosario Robles, como titular de Sedeso, y Sedatu de 2012 a 2018, tuvo conocimiento que en las dependencias a su cargo se suscribieron convenios con entes públicos estatales, con los que se podía afectar gravemente el patrimonio de ambas dependencias, sin que informara de ello por escrito al Presidente de la República como su superior jerárquico, ni lo evitó a pesar de estar dentro de sus facultades.

Pero no sólo eso, el colegiado sostuvo que se permitió la subcontratación por un porcentaje mayor a 49 por ciento a pesar de estar prohibido por la ley; no se prestaron los servicios en algunos casos establecidos en los convenios; la presunción de que los recursos no se utilizaron para los fines para los que se firmaron los convenios, sino que fueron dispersados.