Las medidas de austeridad del gobierno federal y la suspensión temporal en el funcionamiento de la mayoría de las oficinas del Poder Judicial encargadas de atender las denuncias por violencia de género, dejaron en desprotección total a las víctimas de este tipo de violencia, mismo que se incrementó durante la etapa del confinamiento.

Para María del Socorro Damián Escobar, responsable de la Unidad de Género de la UAM Iztapalapa, la problemática, que ya era grave antes de la pandemia –con 960 feminicidios en el primer trimestre del año–, se agudizó en los pasados meses.

Citó que en el primer trimestre del año, las autoridades federales registraron 67 mil 81 llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de intimidación contra las mujeres, de esos hechos reportados se trataron de casos de violencia familiar, de pareja, violación, abuso sexual, acoso y hostigamiento, sin embargo, no se reporta el seguimiento dado a las llamadas y cuáles fueron los canales activados para atenderlas.

Al participar en el foro virtual Violencia contra las mujeres durante el confinamiento por Covid-19, la especialista señaló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) tuvo un recorte de 75 por ciento del gasto corriente, y el Registro Nacional de Víctimas tiene más de 34 mil casos de feminicidio, desaparición y delitos de género.

Sobre esta falta de protección que se ha dado a las víctimas en este periodo de la emergencia sanitaria, mencionó un informe de la organización Equis: Justicia para las mujeres, en el que se señala que en los meses recientes sólo cinco de las 32 oficinas del Poder Judicial de las entidades de México habían implementado guardias para atender casos relacionados con violencia de género, por lo que se dejó en una desprotección total a las víctimas.