Con la prohibición de la venta, obsequio o donación de productos con altos contenidos calóricos a menores de edad en el estado de Oaxaca, se abre un camino de construcción de políticas públicas estatales para sacar del camino a los productos procesados y ultraprocesados, así como a las bebidas azucaradas, no sólo de las escuelas, sino de los espacios públicos, lo que representa un gran avance frente a una pandemia silenciosa como la obesidad y el sobrepeso, afirmaron especialistas.

En entrevista por separado, Katia García Maldonado, coordinadora del Área de Salud Alimentaria de El Poder del Consumidor, y Ana Larrañaga, coordinadora de incidencia en ContraPeso, ambas integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria, principal promotora del nuevo etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas, coincidieron en que la reacción de la industria de los alimentos y las cámaras de industriales era esperable, porque su prioridad es velar por sus intereses económicos, cuando de lo que hablamos son de los derechos humanos y de la salud, que deben estar por encima de cualquier beneficio comercial.

García Maldonado destacó que la medida no sólo permitirá reducir, a mediano y largo plazos, los costos que ocasiona la obesidad y el sobrepeso en México, que se estiman en 5.1 por ciento del PIB, sino que además permitirá impulsar el consumo de alimentos más sanos y nutritivos, y que además forman parte de la riqueza culinaria y cultural de los pueblos de Oaxaca.

Por su parte, Larrañaga destacó que con esta reforma se abre un camino para que otros estados puedan regular la venta y publicidad de productos chatarra, sin necesidad de que primero ocurra a nivel federal, ya que en el caso de Oaxaca fue evidente que la propuesta tenía el apoyo y acompañamientos de la población.