a crisis sanitaria ha provocado una mayor caída en la economía mundial que se refleja en la reducción de las inversiones, el aumento del desempleo y la incertidumbre y seguridad individual y colectiva. Según los analistas y algunos centros de investigación, como uno del Tecnológico de Monterrey y de algunas otras instituciones internacionales, la actividad económica en México se redujo en el segundo trimestre de este año 19 por ciento, similar a la de España. En Europa también el desplome ha sido de grandes proporciones como en Inglaterra con 20 por ciento; Francia, 14 por ciento; Alemania, 10 por ciento, mientras en Estados Unidos fue de 33 por ciento.
Uno de los temas más sensibles es el crecimiento de la desocupación en la gran mayoría de las naciones y en algunos casos está llegando a niveles altamente preocupantes, como definitivamente se está registrando en nuestro país. Y no sólo es un problema de injusticia o moralidad, sino que desde el punto de vista del funcionamiento de la economía y el mercado, se acelera la caída en la inversión y en la pérdida del poder adquisitivo al no tener ingresos los trabajadores más que para sobrevivir, y esto únicamente aquellos que guardaron algunas reservas para la emergencia o tienen otras pequeñas actividades informales que los pueden mantener en lo mínimo o lo básico, sin que hasta ahora se hayan manifestado en brotes de inconformidad social o de alteración de la paz laboral.
La tranquilidad generalizada no se ha roto, pero los riesgos van adelante conforme pasa el tiempo, ya sea en el sector formal o informal de los trabajadores. Tenemos que encontrar pronto una salida a esa presión latente y anticiparnos a las inquietudes o inconformidades, antes de que realmente se vuelvan un conflicto social. Hasta ahora han estado controladas en una gran proporción y la desesperación creciente no ha rebasado los límites. Sin embargo, hay frentes de ataques sistemáticos de organizaciones o grupos que quisieran aprovechar esta situación que estamos viviendo para provocar un cambio de rumbo, o para ocultar otros males peores que envuelven a sus autores y responsables como el saqueo, la evasión de sus obligaciones y la defensa de sus intereses.
Por ello hoy se hace necesario revisar otros mecanismos y medidas que aligeren la carga de las personas y de la clase trabajadora que están sufriendo las consecuencias de esta grave situación que estamos padeciendo. El seguro de desempleo es una alternativa fundamental y con efectos más de corto plazo que los cambios o reformas al sistema de pensiones, porque estos tendrán un impacto positivo más en el mediano y largo plazos. Con el paso del tiempo la desocupación se va volviendo un mal que puede ser tan destructivo como mortal. Hoy, es necesario atenuar los retrocesos sociales de esta emergencia y contar con una fuente de ingresos adicional, como este seguro de desempleo, con el objeto de proteger a millones de trabajadores y sus familias, y así evitar que sean condenados a la informalidad, la marginación y la miseria. De no hacerlo, éste o cualquier otro mecanismo que aligere su carga, estaremos viviendo un posible conflicto de consecuencias impredecibles.
El seguro de desempleo se aplica en algunos países porque es un instrumento de apoyo temporal, ya sea en dinero o en especie. En una investigación profesional de Ricardo Dosal Ulloa, abogado y socio fundador de Strategy Mx, el seguro de desempleo, jurídicamente es un derecho establecido en los artículos 23 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el cual al ser parte de un tratado internacional firmado por nuestro país, constituye un derecho humano protegido por el propio artículo 1º de nuestra Constitución
. No obstante lo anterior, el seguro de desempleo sólo es válido desde el año 2008 en la Ciudad de México y con limitaciones y aportaciones insuficientes.
Peor aún, México es el único país de las 37 naciones miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que carece de un seguro de desempleo. En América Latina sólo hay seis países que lo adoptaron en sus legislaciones, que van desde Ecuador en 1951; Uruguay en 1958; Brasil en 1986; Argentina en 1991; Chile en 2001 y Colombia en 2013. Lo anterior nos demuestra que independientemente del tamaño o la evolución de sus economías, al menos han tenido el compromiso y la voluntad política para adoptarlo.
En casi todas las naciones que tienen este seguro de desempleo, el funcionamiento y la integración de los fondos provienen del gobierno, las empresas y los trabajadores. En nuestro caso, la pandemia nos ganó en el tiempo transcurrido y de aprobarlo sería con aportaciones de los dos primeros y en la medida que transcurra la recuperación del empleo perdido, la misma clase trabajadora también deberá aportar una parte de sus ingresos para este gran fondo. Necesitamos estas medidas emergentes y temporales si queremos transitar en esta grave crisis con una mayor seguridad y estabilidad social.
