La Coordinadora Nacional Agua para Todos advirtió que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) comenzó una campaña para la renovación de concesiones de aguas nacionales, mientras en el Congreso de la Unión se prevé que se emita una nueva legislación en la materia. Recordó que 70 por ciento del volumen de agua concesionada está en manos de 2 por ciento de usuarios y hay al menos 77 mil títulos otorgados a terceros en territorios indígenas sin su ­consentimiento.

Advirtió que con esa campaña se perpetuaría hasta 2050 la actual dinámica de acaparamiento, despojo, sobrexplotación, violación de pueblos indígenas, contaminación e impunidad, legados de la actual Ley de Aguas Nacionales.

Mencionó que en el Congreso se impulsa una iniciativa de Ley General de Aguas que garantice mecanismos participativos para lograr el acceso equitativo y uso sustentable del agua, como mandata la reforma al artículo cuarto constitucional de 2012. En este contexto, la Conagua convoca a reuniones de los principales concesionarios de aguas nacionales en todo el país para promover que renueven sus concesiones, aun si todavía les faltan hasta cinco años más de vigencia de su título actual.

De esta manera podrán extender sus concesiones para un periodo de hasta 30 años bajo las condiciones de la actual Ley de Aguas Nacionales (1992), bajo la cual las concesiones pueden ser libremente compradas y vendidas, indicó en un comunicado.

Recordó que 114 de las cuencas y 115 de los acuíferos han sido sobreconcesionados; dos de tres mexicanos dependen de fuentes sobreconcesionadas. La Conagua cuenta con sólo 85 inspectores para cubrir 531 mil concesiones de aguas nacionales y según la Auditoría Superior de la Federación, menos de 5 por ciento de los concesionarios cumplen con el pago de sus derechos.

Dado que las leyes no pueden tener efectos retroactivos, todas las concesiones renovadas u otorgadas ahora, no tendrán que sujetarse a las restricciones de la nueva ley. Ante ello, la coordinadora exhortó al Ejecutivo a suspender el otorgamiento y renovación de concesiones hasta contar con una legislación que corrija los errores del pasado y proteja el recurso.