Los más de 62 mil migrantes que solicitaron asilo en Estados Unidos entre enero de 2019 y marzo de 2020, y que como parte del programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) se les envió a México para esperar el proceso de su trámite, han sufrido las secuelas del Covid-19 y la violencia en territorio nacional.

Por ello, ciudadanos de este programa solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la emisión de medidas cautelares en su favor para que el gobierno mexicano garantice su integridad y salud en el contexto de la pandemia, el libre tránsito que les permita llegar en tiempo a sus audiencias sin el riesgo de ser detenidos o deportados y facilitar su reunificación familiar.

Se trata de cinco personas procedentes de Honduras, Guatemala y Nicaragua, quienes son asesorados en esa audiencia ante la CIDH por el Instituto para las Mujeres en la Migración, la Clínica de Migración de la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas, la Clínica Legal Trasnacional de la Escuela de Leyes de la Universidad de Pensilvania y el Grupo de Trabajo de América Latina.

Debido a la crisis sanitaria global, el primero de abril de este año el gobierno de Estados Unidos suspendió las sesiones de las cortes que analizan las solicitudes de los llamados MPP, y apenas el viernes pasado anunció un proyecto para su reapertura, aunque se prevé que se dé en el mediano plazo y hasta que los estados fronterizos estadunidenses avancen a la etapa tres de sus planes de reapertura.

Las instancias que acompañan a los peticionarios remarcaron que los más de 62 mil migrantes que forman parte del programa, también conocido como Quédate en México, han enfrentado complicaciones para resguardarse en los meses de confinamiento obligado.

El gobierno mexicano se comprometió a garantizar empleo, regularización migratoria y protección. Sin embargo, las autoridades federales, estatales y locales han sido omisas y esta población, particularmente mujeres y niñas, niños y adolescentes, se enfrentan a situaciones de riesgo como: asesinato, secuestro, desaparición, asalto y violación sexual, así como a los riesgos del contagio de Covid-19, detallaron.

Cientos de migrantes en esta condición han denunciado que las autoridades en México han intentado desalentarlos en su interés de solicitar asilo en Estados Unidos, bajo advertencias sobre los peligros en la frontera norte y ofreciéndoles transporte gratuito hacia la franja fronteriza con Centroamérica para que puedan regresar a sus países.