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Positivo, frenar reforma sobre pago de alquileres, señala Nashieli Ramírez
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de julio de 2020, p. 30

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local, Nashieli Ramírez Hernández, coincidió en que fue positivo suspender el proceso de dictaminación sobre la ley de rentas, aunque pidió a los legisladores no olvidar la agenda para garantizar el acceso a la vivienda en el contexto de la pospandemia.

Yo creo que la iniciativa, en esos términos, se debe olvidar, pero se tiene que continuar trabajando en lo que viene después: la crisis económica que toca a las familias que rentan y que, tal vez, se vean en problemas para pagar sus alquileres.

La ombudsperson llamó también a las autoridades a aplicar esquemas de política pública para apoyar a cerca de 700 mil personas que arrendan en la Ciudad de México.

Sobre la ley de rentas comentó que no se pueden hacer legislaciones que sólo vean una sola perspectiva, por lo que se debe incluir a todos los involucrados.

En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) local reconoció la sensibilidad del Congreso al retirar la iniciativa de reforma al Código Civil en materia de arrendamiento, tomando con pleno sentido de apertura las diversas voces que señalaron la inconstitucionalidad de la misma, apuntó el organismo.

De la misma forma, los riesgos latentes sobre la certeza jurídica, la propiedad privada, la competitividad y, sobre todo, el duro impacto a la economía de las familias de la Ciudad de México que la implementación de dicho ordenamiento conllevaría.

El organismo empresarial reiteró su compromiso de seguir promoviendo el diálogo fructífero con el Congreso de la Ciudad de México, a fin de contribuir al fortalecimiento de iniciativas de alto impacto social que nos permitan, en unidad de propósito, hacer frente a los diversos retos que enfrenta la capital, indicó.

Ayer se suscitó una nueva polémica en redes sociales en torno a la iniciativa de reforma de ley condominal propuesta por la morenista Leticia Estrada, que establece que los habitantes no podrán destinar su propiedad privada para dar servicio de hospedaje temporal como la plataforma Airbnb.