Al cumplirse año y medio de haber comenzado el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), encabezado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se mantienen claroscuros y objetivos finales difíciles de alcanzar debido a fallas estructurales en su diseño, coincidieron especialistas laborales.

Pese a que se han modificado sus lineamientos, sigue un incentivo perverso que motiva a los becarios a dejar sus estudios en zonas de alta marginación, ya que no se compagina con las becas académicas, sostuvo Manuel Triano, académico del área de pobreza del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide) de la Universidad Iberoamericana.

El programa permite que empleadores usen a los aprendices como mano de obra barata y que se sustituyan empleos ya establecidos por becarios, agregó Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas).

Se ofrece un apoyo mensual de 3 mil 748 pesos a los jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, en busca de vincularlos con empresas, talleres, instituciones o negocios para capacitarse y generar experiencia que permita su ingreso al mundo laboral, explicó la STPS al inicio del programa.

A partir de mayo de 2019 los nuevos empleos en el país decrecieron. Se desplomó cuando se crearon 3 mil 983 nuevas plazas, casi 90 por ciento menos que en el mismo mes de 2018. Si bien los efectos corresponden a diversos factores, como un estancamiento global de la economía registrado incluso antes de la pandemia, los expertos también atribuyeron que JCF pudo ser un elemento que impactara en este sentido.

“Hasta el momento no es una palanca de empleo formal para los jóvenes porque terminan el programa y se encuentran que las condiciones de desempleo o empleo precario sigue igual, pero más aún, y creo que es un aspecto grave, son usados en algunos casos para desplazar empleos formales o mejor pagados; se convierten en una especie de outsourcing o de tercerización”, explicó De la Cueva.

En 2019 se confundía aprendiz y becario, agregó por separado Manuel Triano. Eso, dijo De la Cueva, ocasionaba que a veces se les califique como beneficiarios de programas sociales y en otras se pretenda incluirlos en las cifras de empleo formal.

Uno de los aspectos en los que ha mejorado el programa, explicó Triano, es la limitación que se estableció en 2020 del número de beneficiarios por centro de trabajo y se definieron las funciones en las que pueden participar, con lo que se prohibió que realicen servicio doméstico, sean choferes personales o trabajen en ventas multinivel, ya que hubo casos este tipo.

También se registraron partidos políticos y organizaciones que solicitaron jóvenes para acciones de proselitismo electoral.

Para el investigador el principal defecto es que tiene una dificultad de diseño grave porque genera un incentivo perverso para que los chicos puedan seguir estudiando.

Advirtió que estudiantes de municipios con alta marginación y cuyos padres se quedaron sin ingresos por la emergencia preferirán dejar la escuela para ingresar al JCF, a pesar de contar con beca académica, ya que el apoyo como aprendiz es mayor de mil pesos.

Para corroborar la incompatibilidad de las becas Benito Juárez con las de JCF, entre otras preocupaciones señaladas por los expertos, se solicitó una entrevista a la STPS, pero no hubo respuesta.