na vez consumado el golpe de Estado en noviembre, se puso en marcha en Bolivia una serie de dispositivos destinados a legitimar a una presidenta golpista que llegó al poder de manera anticonstitucional y ungida por los militares, que fueron, junto con la policía, no los artífices, pero sí los legitimadores del golpe.

Golpe de Estado que pudo ser consumado por una mala decisión de la dirección del proceso de cambio, que hizo renunciar, una vez que Evo y Álvaro ya estaban fuera del país rumbo a México, a la tercera persona en la cadena sucesoria, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra (MAS-IPSP), dejando un vacío de poder no previsto por la Constitución Política del Estado.

A pesar de eso, y de la instalación en el Ejecutivo de un gobierno golpista, se pudo mantener la mayoría de 2/3 con la que contaba el MAS en el Legislativo, garantizando con ello una dualidad de poderes, un contrapeso a cualquier decisión tomada por la golpista Jeanine Áñez. Es por ello que se pudo imponer la fecha del 6 de septiembre para realizar los comicios, que si no fuera por la pandemia, se hubieran realizado el 3 de mayo.

Pero la emergencia sanitaria, que podríamos pensar le ha venido bien a muchos para eternizarse en el poder, ha sido desastrosa para los golpistas en el gobierno. No sólo porque han hecho una pésima gestión de la crisis de salud, en un país cuyas condiciones de aislamiento geográfico ayudaban a contener el virus, sino porque durante estos meses han sido numerosos los escándalos de corrupción en los que han incurrido diversas autoridades del gobierno golpista, desde el presidente de la principal empresa estatal, YPFB, a la mayor firma de telecomunicaciones del país, Entel, pasando por comisiones millonarias en la compra de respiradores para enfrentar la epidemia, que han llevado a la cárcel al ministro de Salud.

Todo lo anterior ha hecho que la clase media urbana, que en su momento retiró el apoyo al gobierno de Evo Morales, mire con desprecio a los golpistas corruptos que vinieron a sustituir al MAS-IPSP, quien tiene como candidato a Luis Arce Catacora, el ministro más exitoso en 14 años de proceso de cambio, y quien llevó al crecimiento de la economía boliviana a tasas chinas.

Arce Catacora, quien fue militante del PS-1 de Marcelo Quiroga Santa Cruz, lidera en este momento todas las encuestas, en algunos casos incluso superando 40 por ciento de intención del voto y más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo, que se necesitan para ganar en primera vuelta.

Es por eso que los golpistas han puesto en marcha una estrategia con dos variables:

En primer lugar, hay un intento claro de dejar fuera de la contienda electoral a Arce Catacora, cancelando la personalidad jurídica del MAS-IPSP, por unas declaraciones donde el candidato pre-sidencial comenta sobre unas encuestas en televisión. La ley impide la promoción de encuestas por parte de los partidos en campaña, pero es que Luis Arce no difundió ninguna encuesta, tampoco mostró gráficos ni se habló de votos nulos o blancos, ni mucho menos se dio detalles de ninguna ficha técnica, sólo la comentó en un estudio de televisión, y además, hasta el 24 de julio no se entra de nuevo en campaña electoral, pues el proceso que debía haberse realizado en mayo, luego en agosto, y finalmente en septiembre, ha sido interrumpido y suspendido por culpa de la pandemia. Es claro que el proceso no ha seguido y que lo que buscan los golpistas es volver a los tiempos donde Bolivia escogía presidentes que tenían entre 17 y 22 por ciento de los votos, excluyendo a las mayorías sociales, especialmente al movimiento indígena originario campesino, a quien en su mayor parte representa el MAS-IPSP.

Pero además, y por si no les resulta la vía jurídico-electoral, los golpistas, con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo El Bolas, y el de Defensa, Fernando López, trabajan en la creación de un grupo guerrillero indígena-independentista que tiene entre sus propósitos cometer actos violentos (incendios, saqueos e incluso asesinatos) contra la población civil para poder culpar al MAS por ellos. Todo ello con el apoyo de la estación de la CIA en la embajada de Estados Unidos en La Paz. Este grupo irregular estaría integrado por militares y policías en activo y retirados, la mayoría de origen indígena, además de miembros de la ultraderechista Unión Juvenil Cruceña. Se cuenta con información de que este grupo fue entrenado por mercenarios de Estados Unidos e Israel en 2019 en una finca cercana a Santa Cruz de la Sierra, bajo la supervisión de Erick Foronda, agente de la CIA que funge actualmente como secretario privado de la presidenta espuria Jeanine Áñez.

Entre los responsables de esta operación estaría también Rolf Olson, de la oficina política de la embajada estadunidense en Bolivia, quien es el enlace directo entre Murillo y López, así co-mo el comandante de las fuerzas armadas, el general Sergio Carlos Orellana.

Si ninguna de las dos vías citadas llega a funcionar como método para anular aun MAS que se encuentra primero en las encuestas, no se descarta un golpe de Estado clásico, recargado, con Orellana y Murillo a la cabeza.