Un juez de proceso oral en materia familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México dictó la primera sentencia de divorcio en un juicio en línea, puesto en marcha con motivo de la pandemia de Covid-19, hace una semana.

En sólo 29 minutos disolvió el matrimonio iniciado el 30 de noviembre de 2013 y ordenó comunicar lo resuelto a un juez del estado de México para proceder a la inscripción de la resolución en el acta correspondiente.

La solicitud de divorcio fue entregada por conducto de la oficina virtual de la oficialía de partes el martes pasado, por lo que con esta acción se garantiza el acceso a la justicia en forma pronta y expedita, afirmó el presidente del Poder Judicial, Rafael Guerra Álvarez.

Además, dijo, se rompen paradigmas con el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información, respeto a los derechos humanos de seguridad jurídica, tutela efectiva y legalidad, y se atiende el interés superior del menor.

Convocó a los litigantes y a cualquier persona que pretenda el ejercicio de sus derechos a aprovechar las herramientas tecnológicas que el Poder Judicial local ha puesto a disposición de la sociedad para agilizar los trámites procesales en condiciones de seguridad y tranquilidad.

En esta primera sentencia, las partes comparecieron a distancia ante el impartidor de justicia y su secretario de acuerdos, instalados en la oficina del órgano jurisdiccional, con quienes interactuaron por medios electrónicos.

Opción gratuita

La audiencia inició a las 10 horas con las indicaciones del juez quinto de proceso oral en materia familiar, Jorge Rodríguez Murillo, sobre la forma como se desarrollaría y con la presencia virtual del agente del Ministerio Público.

Una vez que las partes ratificaron su solicitud de divorcio y su propuesta de guarda y custodia, pensión alimenticia para dos menores y régimen de visitas, el juez los exhortó a fortalecer las relaciones paterno-filiales con sus hijos y a cumplir las obligaciones que con ellos tienen.

Se trata, destacó, de una opción de carácter gratuito para los justiciables y sus representantes legales que así lo soliciten, y equivalen funcionalmente al procedimiento judicial respectivo en todas sus etapas, por lo que se ajusta a las formalidades establecidas en los códigos correspondientes.