La crisis económica generada por la emergencia sanitaria obligó a Arlett Malpica y a José Luis Sánchez a abandonar el lugar que rentaban para vivir desde hace un año.

Sus ingresos disminuyeron y, por consiguiente, la posibilidad de pagar el alquiler mensual. Ambos buscaron acuerdos con sus respectivos caseros, pero no lo lograron, y en plena pandemia se vieron obligados a salir de sus hogares.

Junto con su esposo y dos hijos, Arlett, de 37 años, vivía en un cuarto cuya renta mensual era de mil 500 pesos en la colonia San Juan de Aragón. La empresa que la subcontrata dejó de percibir proyectos a causa de la suspensión de labores, lo que ocasionó que disminuyera su sueldo.

Esta situación se la dio a conocer a su arrendadora, quien en un inicio aceptó aplazar para julio el aumento anual de renta. Sin embargo, ya no pudo esperarla más y exigió el pago a principios del mes pasado.

Le expusimos la situación porque en ese momento mi esposo tampoco estaba trabajando y el gasto lo absorbía yo, ella dijo que tenía varios compromisos y pagos que hacer, ya no pudimos hacer nada más, tuvimos que salir.

Arlett y su familia se fueron a vivir a la casa de su hermano y acordaron que se haría cargo de los gastos por comida.

Para José Luis, de 57 años, la situación también fue compleja: rentaba un departamento en la colonia Agrícola Oriental, donde pagaba 6 mil 500 pesos al mes. A causa de la pandemia tuvo que cerrar su taller, por lo que dejó de percibir ingresos.

En mayo, cuando cumplió un año de vivir ahí, el casero le aumentó la renta mensual a 7 mil 300 pesos, los cuales ya no pudo pagar.

Quise sensibilizarlo, pero es una persona mayor y no se prestaba para ese tipo de situaciones; recuerdo que cuando nos atrasábamos con el pago uno o dos días se molestaba mucho, entonces yo sabía que era imposible negociar con él y estaba en todo su derecho porque es su propiedad.

Él, su esposa y cuatro hijos se vieron obligados a vivir en un inmueble viejo, propiedad de una organización social y que próximamente será un proyecto del Instituto de Vivienda. Si bien, él no será uno de los beneficiarios, los dueños no le cobran por habitar a cambio de vigilar el edificio.

Actualmente José Luis y su esposa buscan tramitar un crédito ante el gobierno local.

Una historia parecida es la que vive Grissel González, quien fue despedida de su trabajo en una agencia de publicidad. Al no llegar a un acuerdo para aplazar el pago de renta en su departamento, su pareja decidió hacerse cargo. Ahora, dice, viven más presionados económicamente.

Yo me hago cargo de la despensa, pero he sentido que todo está más caro, si antes me gastaba 200 pesos en el súper ahora son 400 o 450, y compro cosas indispensables como leche. Todo está muy caro.