Es momento de que los países definan las políticas que garanticen el acceso equitativo a la vacuna contra el Covid-19, la cual estará lista muy pronto, advirtieron especialistas en bioética y derechos humanos.

Una, de la Universidad de Oxford, ya está en la fase 3 de los ensayos clínicos, y otras dos, que se desarrollan en Estados Unidos, se encuentran en la fase 2; es decir, se están probando en seres humanos. Por eso, los gobiernos deben prepararse para evitar que el acceso se obstaculice por razones económicas o de afiliación a servicios de salud, señalaron.

En conferencia convocada por la organización El Poder del Consumidor, Ana Palmero, coordinadora del área de Ética en Investigación del Ministerio de Salud de Argentina, planteó que los países de América Latina están en desventaja frente a las naciones de mayores ingresos económicos, las cuales tienen la capacidad de definir las prioridades en investigación y el financiamiento de los proyectos.

En cambio, destacó, Latinoamérica se caracteriza por tener agendas débiles de investigación, donde los países son rebasados por las empresas que toman la delantera y realizan los desarrollos de vacunas, fijan los precios y están protegidas por leyes de propiedad industrial.

No obstante, en situación de emergencia sanitaria como la actual, es posible buscar los mecanismos para flexibilizar el marco regulatorio y lograr que, como ya se ha planteado, la próxima vacuna contra el coronavirus sea un bien público global, planteó Silvia Serrano, del Instituto O’Neill para el Derecho y la Salud Nacional y Global de la Universidad de Georgetown, de Estados Unidos.

Señaló que la pandemia dejó en evidencia las carencias de los sistemas de salud que no han podido responder a la demanda de pruebas de diagnóstico ni a la atención médica hospitalaria que requieren los enfermos, sobre todo en áreas de terapia intensiva.

Para el caso del biológico y dado que aún hay tiempo, los gobiernos deberían organizarse desde ahora con medidas como la revisión y modificación de marcos regulatorios que eliminen los obstáculos para el acceso, entre otros lo relativo a los derechos de propiedad industrial. Destacó que aunque la Organización de Naciones Unidas acordó promover la cooperación internacional en materia científica y económica, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha tenido una postura ambigua: por un lado señala que el desafío para los países no es el acceso, primero está lograr desarrollarla.

También ha señalado que los países enfrentan otros problemas antes que el de las patentes, como la carencia de medios de transporte, distribución e infraestructura sanitaria. El organismo dice que está en favor de flexibilizar la regulación de propiedad industrial, pero con acotaciones en la temporalidad, comentó Serrano.