Madrid. En 2008, después de casi dos décadas buscando justicia y reparación, el abogado español Manuel Ollé puso una querella ante la Audiencia Nacional de España para intentar esclarecer uno de los crímenes políticos más atroces en la historia de América Latina: la matanza perpetrada en la Universidad Centroamericana (UCA) del 16 de noviembre de 1989, en la que fueron victimados seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres asistentes, entre ellos el fundador de la Teología de la Liberación, Ignacio Ellacuría.

Este juicio es muy importante para El Salvador, pero también para la comunidad internacional porque estamos demostrando que los delitos de terrorismo de Estado ni deben ni pueden quedar impunes, explica Ollé, quien es uno de los abogados penalistas más prestigiosos de España y que ha participado en juicios como el que llevó al ex dictador chileno Augusto Pinochet a sentarse ante un tribunal en Londres o el que logró la extradición a España del represor de la Escuela Mecánica de la Armada argentina, Ricardo Miguel Cavallo.

En entrevista con La Jornada, Ollé destacó la relevancia de que finalmente se iniciara el juicio por el crimen de la UCA, que ocurrió en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 cuando fueron acribillados el entonces rector de la UCA, Ellacuría; el vicerrector académico, Ignacio Martín-Baró; el director del Instituto de Derechos Humanos de la universidad, Segundo Montes; el director de la biblioteca de Teología, Juan Ramón Moreno, y el profesor de filosofía, Amando López.

Junto con ellos fueron asesinados el jesuita salvadoreño fundador de la universidad Joaquín López y López y las empleadas domésticas, Elba Ramos y su hija Celina, de 16 años.

La fiscalía exige 150 años de cárcel para el principal acusado, el coronel y ex viceministro de Seguridad, Orlando Montano, después de lograr que Estados Unidos lo extraditara en 2017. Es el único de la casi veintena de acusados que se será juzgado, pero aun así es un hito y podrá por fin dar algo de luz a ese hecho histórico tan grave, explicó el abogado.

Ollé es quien llevará hoy la mayor parte de los interrogatorios en la segunda sesión del juicio y a la que asistirán testigos clave, entre ellos una perito que analizó los documentos secretos de la CIA y la FBI sobre el asesinato, que en su día se negaron a entregar a la justicia salvadoreña, lo que alimentó las sospechas de su presunta vinculación con el crimen.

Ollé pide una pena de 230 años de cárcel, más por un afán de aclarar el crimen, puesto que el imputado es una persona de 76 años.

Este juicio es importante para El Salvador, pero también para toda la región y la comunidad internacional. Se está demostrando que los más grandes crímenes que se cometieron desde el terrorismo del Estado no pueden ni deben quedar impunes de acuerdo con el derecho internacional, explicó el abogado.

A pesar de que sólo se juzga a Orlando Montano, con el juicio vamos a probar que haber perpetrado un crimen tan bárbaro sólo fue posible con la aprobación y conocimiento del entonces presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani; Humberto Larios, ministro de Defensa; Juan Orlando Zepeda, coronel y viceministro de Defensa; y un comando de la muerte del batallón de Infantería Atlacalt, explica Ollé. Se trató del Alto Mando y del Estado Mayor del Ejército que fueron finalmente quienes participaron de alguna forma de la autoría intelectual de la ejecución.

Este juicio puede reafirmar los principios de la justicia penal internacional y la cooperación entre los Estados, que va más allá de los condicionantes políticos. Por ejemplo, sabemos que hoy en día el gobierno de Estados Unidos intenta boicotear la labor de la Corte Penal Internacional para impedir que se juzgue a sus militares. Así que es importante insistir en que se haga prevalecer la legalidad internacional frente al atropello y la impunidad.