Chihuahua, Chih., El primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa del Poder Judicial federal revocó un amparo que agricultores del distrito de riego 90, ubicado en el ejido Maclovio Herrera, municipio de Aldama, Chihuahua, obtuvieron contra el trasvase de 75 millones de metros cúbicos que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) extrae de la presa Luis L. León al río Bravo para el pago a Estados Unidos previsto en el tratado internacional firmado en 1944.

Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado, informó lo anterior y precisó que existen más juicios de amparo interpuestos por el ejido Pueblito, los municipios de Aldama y Ojinaga y la directiva del distrito de riego (situado en la confluencia de los ríos Bravo y Conchos), que temen un retraso de la temporada de lluvias y la pérdida de cultivos.

Los magistrados revocaron la suspensión porque el ejido Maclovio Herrera no acreditó su interés jurídico y no hay causales de extrema urgencia que justifiquen el amparo; además, la Conagua tiene la potestad de extraer agua de la presa para cumplir con el tratado.

La presa se abre para cumplir con el plan de riego. Limitar dicha actuación sería también limitar la actividad agrícola del distrito de riego, toda vez que la extracción garantiza el ciclo para este año, resolvió el tribunal sobre el juicio de amparo.

El diputado federal Mario Mata Carrasco, del Partido Acción Nacional, denunció que el poblado de El Granero se quedó sin agua potable porque se secaron norias y pozos, y presentó en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para exigir a la Conagua cerrar las compuertas de la presa Luis. L. León.

Mario Mata exige que México incumpla los acuerdos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que obliga a pagar el líquido antes de octubre y a no mantener adeudos por dos quinquenios consecutivos, alegando que ningún artículo del Tratado Internacional de Aguas impone tal condición.

En tanto, indígenas ódami (tepehuanos del norte) de Mesa Colorada, municipio de Guadalupe y Calvo, denunciaron que mestizos buscan despojarlos de su territorio y los amenazan con armas para impedir que realicen actividades de ganadería.

El 3 de julio los hermanos Cornelio y Aurelio Alderete Arciniega volvieron a amenazar a integrantes de la etnia ódami. Acudieron al poblado Mesa Colorada a reforzar un cerco en territorio de la comunidad. Con armas de fuego forzaron a la gente para que sacara su ganado, denunció Alianza Sierra Madre, colectivo que acompaña a los indígenas en la defensa jurídica de su territorio.

La organización informó que la Fiscalía de Chihuahua tiene 18 carpetas de investigación, por diversos delitos cometidos por los hermanos Alderete Arciniega contra habitantes de las comunidades Cordón de la Cruz, Mesa Colorada y El Tepozán, todas en el municipio de Guadalupe y Calvo.

La violencia ha desplazado a familias y el retraso de la fiscalía en las investigaciones permite que los perpetradores continúen impunes, acusó Sierra Madre.