La Fiscalía General de la República (FGR) integra al menos tres carpetas de investigación sobre delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de tres magistrados federales, además de la indagatoria iniciada con motivo de un presunto soborno millonario para favorecer a un líder de Guerreros Unidos.

Sin embargo, desde 2011 el Ministerio Público federal y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tuvieron conocimiento de que en los juzgados federales con sede en Toluca, estado de México, existían redes de corrupción que beneficiaron a integrantes de la delincuencia organizada y que afectaron la realización de operativos y detenciones de integrantes de los cárteles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva, además de la detección de un grupo de funcionarios judiciales que servía de mensajero entre internos del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, sus abogados y familiares.

No obstante la revelación de que la FGR y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) han emprendido investigaciones en contra del personal de estos juzgados por una presunta red de corrupción, en la sede de juzgados federales referida no se observa ninguna alteración a sus normas de seguridad.

Desde hace poco más de tres meses en el lugar opera únicamente personal de guardia, dada la contingencia sanitaria, por lo que no hay acceso al público. Sólo pueden ingresar abogados que vayan a realizar alguna promoción judicial. La mayor parte del trabajo se realiza de manera electrónica, por lo que no se observa mucho movimiento. Tampoco se ha reforzado la seguridad como sucede cuando al sitio es llevado algún individuo previo a su ingreso al penal de máxima seguridad.

Los empleados judiciales de guardia que salen del edificio por algún refrigerio no emiten comentario sobre las versiones de una red de complicidades. No sé nada, lo siento. Yo sólo hago mi trabajo, no sé más.

Sin embargo, en los últimos nueve años se han iniciado al menos cuatro indagatorias, dos de ellas de carácter interno en el CJF y las otras en la FGR por las actividades que han realizado los funcionarios de los diversos juzgados federales con sede en la capital mexiquense, incluyendo el juzgado segundo de distrito, órgano en el cual se descubrió un pago millonario a cambio de que se otorgara auto de libertad a José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, uno de los líderes del cártel Guerreros Unidos, organización relacionada con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

El primer caso, iniciado en 2011, la entonces llamada Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) detectó que el juzgado segundo de distrito filtró información a abogados defensores de dos empleados del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por la presunta comisión del delito derevelación de secretos en favor de grupos criminales.

En noviembre de 2017, el CJF dio a conocer que al menos 10 actuarios, secretarios y hasta choferes de todos los juzgados en materia penal con sede en Toluca, formaron una red de mensajeros que sirvió a integrantes del crimen organizado presos en el Cefereso número 1. Lo anterior se puso al descubierto tras investigaciones de tipo administrativo y como consecuencia de las denuncias presentadas por el juez Vicente Bermúdez Zacarías, quien fue asesinado meses después de haber revelado acciones irregulares de funcionarios adscritos a su juzgado.

En 2019, el CJF suspendió por seis meses a la magistrada federal Olga María Josefina Ojeda Arellano, quien estaba al frente del sexto tribunal unitario, con sede en la capital mexiquense, por cambiar las funciones de personal adscrito a su cargo sin justificación alguna, uso indebido del vehículo oficial, así como coaccionar a una servidora pública para certificar hechos falsos y encubrir las acciones anteriores.