l periodista Pablo Ferri ha publicado en el diario español El País dos entregas sobre irregularidades y opacidad en el manejo de dinero público destinado a tareas de procuración de justicia, con el mentiroso Jesús Murillo Karam como titular, y de asuntos de seguridad nacional, con los secretarios peñistas de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y Alfonso Navarrete Prida, como principales responsables de gastos excesivos y sin la comprobación adecuada.

En un primer trabajo periodístico, Ferri dio a conocer que durante el paso de Murillo Karam por la Procuraduría General de la República se extrajeron de manera irregular unos 102 millones de pesos (7.8 millones de dólares conforme a la cotización de aquella fecha), correspondientes a una especie de partida secreta destinada a asuntos generales de seguridad. Luis Lagarde, también hidalguense, fue el encargado de retirar en efectivo los depósitos previos que en paquetes de 5 millones de pesos se iban depositando de manera sistemática (https://bit.ly/2BBrh8G). La averiguación previa sobre este tema está en vías de ser judicializada, según reportaron fuentes de la ahora Fiscalía General de la República. Éste podría ser el caso por el cual Murillo Karam sería consignado judicialmente.

En una segunda entrega se ha informado que en la administración de Peña Nieto se gastaron unos 52 mil 750 millones de pesos de una partida secreta conocida como gastos de seguridad pública y nacional. Según el reporte de Ferri, la naturaleza de la partida dificulta su fiscalización, pero los intentos realizados por diferentes instancias del Estado señalan irregularidades e incluso posibles esquemas de desvío de fondos. La mayor parte de esos gastos (unos 40 mil millones de los 52.7 mil millones de pesos) fueron hechos por los secretarios Osorio Chong y Navarrete, sobre todo para órganos de extraordinaria opacidad en su manejo de dinero: la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la operación de los centros penitenciarios federales.

Los señalamientos periodísticos en mención abren la puerta a indagatorias más profundas. Además, confirman que el ejercicio de la función pública durante el peñismo fue un ejercicio concertado de corrupción, con la procuración de justicia y la “guerra contra el narco” como grandes negocios para políticos y servidores públicos que utilizaron los recursos de la nación sin mayor control real.

Por otra parte, el Poder Judicial, en los estados de la República y en su expresión federal, constituyen una de las zonas de mayor reticencia al intento de minar la corrupción. Ministros, magistrados, jueces y circundante personal calificado han defendido, hasta ahora con éxito, la operación independiente de tal ámbito, que es uno de los tres que en teoría deberían garantizar el buen funcionamiento de la nación.

El tema de la corrupción estructural en el Poder Judicial saltó ayer al haberse grabado material telefónico que da cuenta de la compra, por varios millones de pesos, de la voluntad de personal de un juzgado de distrito para dar libertad a José Ángel Casarrubias Salgado, alias El Mochomo, presunto jefe del cártel Guerreros Unidos, quien habría tenido un papel clave en la desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.

Resulta muy indicativo del grado de osadía o de compromiso de personal judicial de ese nivel con el crimen organizado el ver que en un asunto de tal relevancia nacional, y con la lupa presidencial encima, se hubiese pretendido consumar una triquiñuela evidente. El mencionado Mochomo logró salir de prisión apenas los pasos suficientes para que fuera reaprehendido por policías federales y sometido a una prisión preventiva. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha anunciado que se investigará el caso. Pero ahí quedó sólo un botón de muestra de lo que sucede a lo largo del territorio nacional, en las jurisdicciones locales y federales. ¡Hasta el próximo lunes!

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