La secretaria de Energía, Rocío Nahle, anunció ayer que el gobierno federal va a combatir en tribunales la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de suspender la aplicación del acuerdo para reordenar el mercado de la energía eléctrica, principalmente de la llamada limpia y renovable.

El Ejecutivo tiene la obligación de otorgar la seguridad y custodia del sistema energético en México. El gobierno es respetuoso de las deducciones del Poder Judicial. Cualquier controversia vamos a combatirla en los tribunales, con argumentos sólidos, para mantener la confiabilidad del SEN (sistema eléctrico nacional), afirmó la funcionaria en su cuenta de Twitter.

Esto ocurrió horas después de que la SCJN suspendió la aplicación de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional emitida por la Sener hace semanas y que fue impugnada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Dicha política fija límites de suministro a las plantas de energía renovable del sector privado y fortalece el rol de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el SEN, una de las prioridades que incluso está plasmada en el Programa Sectorial de Energía de la dependencia, el cual fue publicado hace un par de semanas.

La Cofece argumenta que esa política afecta de manera grave la estructura económica del sector eléctrico, pues elimina la posibilidad de que opere en condiciones de competencia y eficiencia.

La política impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista... otorga ventajas en favor de ciertos particulares y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica, dijo el 22 de junio la comisión, que preside Alejandra Palacios.

Andrea Marín Monterrubio, directora general de la consultora Energyby5 México, explicó que la medida significa que la Corte acepta la demanda interpuesta por la Cofece y pone en pausa la puesta en marcha de dicha política. Tras ello, agregó, la dependencia tiene 30 días para apelar de la decisión y fijar una postura, para después dar el visto bueno o cancelar su entrada en vigor.

La especialista consideró que esa determinación da certidumbre a los inversionistas y da pie a que la CFE tome consciencia de que con la participación de privados el SEN puede ser más eficiente.

No es una decisión importante sólo para el sector energético, sino para todos los inversionistas, pues en un momento de crisis e incertidumbre jurídica, tras los cambios en el sector por el gobierno, se da certeza. Es una señal muy buena para el sector eléctrico. A la fecha se han interpuesto 172 amparos en materia energética.

Marín insistió en que es una buena señal tras los cambios que no se hicieron de la mejor manera en el sector y la CFE, tras esos conflictos, se ha polarizado. La empresa debe entender que se favorece de los privados en el sector eléctrico.