Con la premisa de que la crisis de derechos humanos y de gobernabilidad democrática en el país tiene como causa central la complicidad entre el poder político y el poder económico, sometiendo la rectoría del Estado a los intereses privados de unos cuantos, la Secretaría de Gobernación elaboró su programa sectorial para el periodo 2020-2024. Como objetivo prioritario destaca la atención a la desaparición de personas y la violencia feminicida, más aún frente a la debilidad institucional.

La violencia contra las mujeres en México es un problema estructural y sistémico; estructural porque no es un fenómeno aislado ni localizado en ciertos entornos sociales, sino que está presente en todo el tejido social.

Del primer punto indicó que los principales retos se centran en la creación e implementación de las medidas necesarias para dar con el paradero de todas las personas desaparecidas”, y el fortalecimiento institucional, se indica.

También destaca la importancia de combatir la discriminación, la cual se ha institucionalizado y se reproduce en todos los ámbitos de la vida nacional, con especial rudeza contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas y afromexicanos, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual y de género, y personas en pobreza, entre otros.

Igualmente puntualiza aspectos para mejorar la política migratoria y dotar de identidad a los habitantes del país, sustentado en herramientas biométricas.

Casinos y corrupción

En otro tema, propone elaborar un proyecto de reforma a la Ley de Juegos y Sorteos y su reglamento, ante la corrupción en el sector.

Promover una cultura de legalidad en juegos de azar y los juegos con apuesta y combatir la corrupción entre los inspectores y demás personal, dijo.

El programa sectorial busca fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones de política pública, especialmente de la población indígena.

También optar por la solución de conflictos sociales sin el uso de la fuerza pública, además de fortalecer las políticas migratorias con respeto a los derechos humanos de las personas en tránsito.