Integrantes de la recién conformada Unión Nacional de Trabajadores de Salud advirtieron que de no cumplirse sus demandas –entre ellas, que se les dote de equipo necesario para protegerse de la pandemia del Covid-19, se den a conocer las cifras reales de personal médico y paramédico que ha fallecido por el virus y cese la represión sindical– llevarán a cabo la marcha programada para el primero de julio.

En conferencia de prensa virtual, el vocero de ese organismo, que agrupa a inconformes del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría de Salud, Rafael Soto Cruz, aseguró que solicitaron una entrevista con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a fin de que intervenga y escuche la grave situación que enfrentan, para que no tengan que acudir a la movilización.

La solicitud central a la titular de Gobernación es que se reinstale a los despedidos y se retiren las sanciones sindicales a cerca de mil trabajadores de la salud, a quienes –sostuvo– se privó de sus derechos gremiales por dar a conocer la falta de equipo e insumos para hacer frente a la pandemia.

De lo contrario, reiteró, miles de trabajadores de la salud marcharán el primero de julio en la Ciudad de México y otras entidades en exigencia también del bono Covid, así como de basificación del personal eventual que atiende la emergencia sanitaria.

Insistió en que las autoridades de salud no actualizan debidamente el número total de trabajadores contagiados o que han muerto por atender la emergencia sanitaria. Explicó que sólo el Instituto Mexicano del Seguro Social reconoció, el jueves pasado, que 115 de sus empleados han fallecido por Covid-19.

Soto Cruz, quien trabaja como enfermero en el Instituto Nacional de Cardiología, comentó que en ese nosocomio, que se supone es un hospital limpio, tenemos por lo menos 50 contagiados, y no se han aplicado pruebas a todos. A a lo mejor nada más a mí, porque salgo en la tele y con eso aprovecharon para mandarme de incapacidad 14 días, recalcó.

La enfermera Noemí Quintero Reyes, quien labora en el Hospital General Xoco, en la Ciudad de México, denunció que se oculta en las cifras oficiales al personal de vigilancia, laboratorio y lavandería que ha muerto por el coronavirus.

El doctor Carlos Guzmán Nava, del Hospital Regional de Morelia, Michoacán, denunció sanciones y despidos de trabajadores que demandaron equipo de protección o se mostraron inconformes ante la grave situación, entre ellos Flora Alejandra Flores y Jaquelín Hernández en Chiapas, Cristian Pedroza Gómez en Cancún y Sergio Becerril, a quien le suspendieron derechos sindicales por 210 días.