El Congreso local autorizó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, agilizar la aplicación de modificaciones en el presupuesto sin requerir de la autorización de los diputados para enfrentar la emergencia sanitaria ante una caída en los ingresos, salvo en casos excepcionales para los poderes Judicial y Legislativo, así como de los organismos autónomos.

El dictamen se aprobó por 38 votos a favor, 20 en contra y cuatro abstenciones, luego de un prolongado debate ante el rechazo de la oposición, la cual consideró la reforma como una violación a la división de poderes y a la autonomía de los organismos al reclamar que el gobierno no se acercó al Legislativo para presentar una propuesta de los recursos que se requieren para atender la emergencia.

Sheinbaum se comprometió a dar un informe al Congreso y a la opinión pública la próxima semana sobre todos los movimientos en el presupuesto y el gasto aplicado para fortalecer al sector salud con el fin de apoyar a la población más vulnerable.

Dijo que hasta ahora los ajustes presupuestales han sido de menos de 10 por ciento, pero la solicitud a los congresistas es para tener la facilidad de hacer uso de mayores recursos, no sólo ahora, sino cuando se presente una situación de emergencia en la ciudad, pero siempre con transparencia.

No nos inventamos una pandemia. Hay una pandemia mundial, y en la Ciudad de México somos la entidad que más casos tiene.

Al presentar el dictamen al pleno, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Guadalupe Morales Rubio, rechazó los señalamientos de la oposición para descalificar la reforma e instó a dejar de lado fobias e intereses partidistas y ser sensibles a lo que millones de personas están viviendo. Es de vida o muerte, no es una situación en que el gobierno quiera manipular el presupuesto a su antojo.

Explicó que contra lo señalado por la oposición, se refuerza el mandato a la jefa de Gobierno para informar cada trimestre, en un apartado especial, el avance presupuestal y de la cuenta pública sobre el destino de los recursos.

La reforma plantea que el Ejecutivo sólo podrá ordenar reducciones al presupuesto de dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades y en rubros de gasto que no afecten los subsidios destinados a la población, al igual que en programas y acciones sociales que se entregan a las personas.

Para el caso de los poderes Legislativo y Judicial, así como de los organismos autónomos, señala que serán ellos los que autoricen las reducciones y sólo en caso de que no lo hagan o que no resulte suficiente se enviará una iniciativa al Legislativo, el cual deberá resolverlo en un plazo de 15 días.

Morales resaltó que se mantiene intacta la atribución del Congreso de auditar el gasto púbico por medio de la Auditoría Superior, por lo que no se trata de un cheque en blanco, además de garantizar que se cumplirán al máximo los principios de rendición de cuentas y transparencia en los recursos.

De entrada, el pleno rechazó una moción suspensiva del panista Diego Garrido que consideró que tanto la sesión presencial del jueves, en la que se convocó el extraordinario, y por ende la de ayer, eran ilegales, ante lo que José Luis Rodríguez, de Morena, advirtió que hay bipolaridad, ya que votaron previamente las reformas a la Ley para la Reconstrucción en esta misma sesión y ahora con este dictamen argumentan que es una sesión ilegal.