La gran mayoría de las comunidades indígenas del país viven en un gran nivel de precariedad económica debido a la ausencia del Estado, lo cual los expone de forma particular a la pandemia de Covid-19, por la falta de información y de hospitales para atender a las personas contagiadas, alertó un estudio de diversas organizaciones civiles.

Durante un monitoreo hecho en semanas recientes en 42 localidades indígenas de 13 estados de la República –elaborado por Serapaz, el Centro de Análisis e Investigación Fundar y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, entre otros colectivos– se logró documentar que en muy pocas comunidades existen condiciones adecuadas para hacer frente al virus.

Realidades distintas

De acuerdo con el estudio, las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia no tuvieron un enfoque culturalmente pertinente, ya que no contemplaron las distintas realidades del país, particularmente aquellas que viven los pueblos indígenas y equiparables, es decir, cuya identidad está íntimamente ligada a su territorio y recursos naturales.

En la emergencia sanitaria, indica el análisis, en casi 70 por ciento de los pueblos estudiados está comenzando a ocurrir un retorno de pobladores que vivían fuera de la comunidad (56 por ciento de ellos, migrantes que perdieron su trabajo en Estados Unidos), pero sólo en 43 por ciento de estos lugares se han tomado medidas preventivas de aislamiento.

▲ La crisis económica originada por la pandemia de Covid-19 ha puesto contra la pared a indígenas.Foto María Luisa Severiano

Respecto de la disponibilidad de información sobre la pandemia, los autores del informe indicaron que en las localidades indígenas privó una sensación de incredulidad y miedo, la cual fue atenuándose en la medida en que comenzaron a tomar como fuente a las organizaciones civiles y a las redes sociales, por encima del gobierno y los medios electrónicos tradicionales.

Por lo que se refiere a la cercanía de los hospitales de atención de Covid-19, se observó que en 54 por ciento de las comunidades las clínicas están a dos horas de camino o menos, en 12 por ciento están a cinco horas o menos, y sólo en 10 por ciento de los casos están dentro del mismo núcleo poblacional.

Asimismo, se reveló que durante las primeras semanas de la emergencia sanitaria, autoridades de diferentes estados –en particular Michoacán y Sonora– intentaron impedir por la fuerza la realización de las ceremonias de Semana Santa o la instalación de mercados comunitarios para imponer medidas de sana distancia, sin respetar los sistemas normativos de los pueblos y sin establecer un diálogo culturalmente apropiado.