Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) es el organismo más costoso del mundo, el consejero Jaime Rivera Velázquez señaló ayer que esta institución lleva varios años haciendo un ejercicio de racionalidad en su gasto. Sin embargo, su disminución no puede hacerse a costa del cumplimiento de sus obligaciones o de la confiabilidad en los comicios.

A México no le convendría tener comicios faltos de confianza por ineficiencia o por dejar cabos sueltos, puntualizó.

Explicó que el funcionamiento del INE es costoso por las múltiples atribuciones que se le han dado, entre ellas la expedición de la credencial para votar y la fiscalización de recursos de las fuerzas políticas, y porque los procedimientos comiciales son muy complicados por la desconfianza histórica.

Los partidos insisten en mantener esos mecanismos porque creen que por cualquier resquicio se puede hacer fraude, añadió.

Rivera Velázquez consideró que las críticas al instituto obedecen a una combinación entre el tema presupuestal y el hecho de que actúa de manera independiente y con base en su autonomía constitucional.

Sobre esto último, añadió que ha habido resoluciones que no le agradan al gobierno federal o a los estatales, y ahí entran todos los colores partidarios, puntualizó.

Pero la independencia del instituto ha sido la mejor garantía de elecciones limpias, y una prueba contundente de ello es la gran cantidad de alternancias políticas que ha habido desde la existencia de este órgano, explicó.

Recordó que de 2015 a la fecha ha habido 33 elecciones de gobernador, y en 23 casos ha perdido el partido en el gobierno, lo que representa 70 por ciento. Si el INE no fuera independiente, si no actuara con imparcialidad, esto sería muy difícil que se diera, enfatizó.

El consejero enumeró las obligaciones del instituto, por las cuales, dice, es costoso, entre ellas la actualización del padrón electoral, organizar elecciones, regir sobre los organismos públicos locales, vigilar que autoridades gubernamentales y partidos cumplan con las reglas de comunicación y monitorear durante las 24 horas de los 365 días del año en todas las emisoras de radio y televisión del país.