En los últimos 20 años, cinco jueces y magistrados federales han sido asesinados. En el mismo lapso otros dos juzgadores sufrieron atentados con armas de fuego.

Tan sólo el año pasado la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal recibió 303 peticiones de impartidores de justicia para que se les proporcionaran escoltas, autos blindados y chalecos antibalas, pero únicamente 199 de esas solicitudes fueron aprobadas.

En noviembre de 2001, los magistrados Jesús Alberto Ayala Montenegro y Benito Andrade Ibarra fueron asesinados en Mazatlán, Sinaloa, cuando se dirigían a ver un partido de beisbol. En este caso no hay ningún detenido, las líneas de investigación apuntaron en su momento a resoluciones que los juzgadores habrían tomado contra miembros del cártel del Golfo.

El juez cuarto de distrito en materia penal federal René Hilario Nieto Contreras fue asesinado de un disparo en la cabeza en agosto de 2006, cuando salía del Palacio de Justicia Federal de Toluca, estado de México. Las pesquisas de este crimen también señalan como posible involucrado al cártel del Golfo.

En octubre de 2016, el juez de distrito Vicente Bermúdez Zacarías fue asesinado de un tiro en la cabeza cuando salía a correr por las calles de su fraccionamiento, en Metepec, estado de México. Según la Fiscalía General de la República (FGR), el motivo de este crimen habría sido personal, y por ello detuvo a su esposa, quien sigue bajo proceso.

A estos asesinatos, se suma ahora el del juez Uriel Villegas Ortiz.

Sobre los atentados, en agosto de 2010 el juez Carlos Alberto Elorza Amores fue agredido a tiros en Xalisco, Nayarit. En el ataque falleció uno de sus escoltas.

En septiembre de 2015 el juez Joel Fernando Tinajero Jiménez fue objeto de varios disparos cuando llegaba a su casa, en Zapopan, Jalisco, resultando herido por tres impactos.