A raíz de la recomendación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en torno a las violaciones graves, entre ellas tortura y violencia sexual, cometidas en contra de menores de edad y adultos con discapacidad albergados en los centros de asistencia administrados por la Ciudad de los Niños Salamanca, organizaciones que han dado seguimiento al caso demandaron que se reabran las carpetas de investigación contra el presidente de dicha asociación, el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, y los responsables de estos espacios.

El 27 de mayo pasado, la ­CNDH emitió la recomendación 32VG/2020 dirigida a los gobiernos de Guanajuato, Michoacán y Querétaro, así como a las fiscalías de esos estados, tras acreditar las condiciones indignas, de promiscuidad, insalubridad y riesgo, en las que habitaban al menos 324 personas (135 niñas, niños y adolescentes, así como 191 personas adultas que presentaban una discapacidad intelectual) en los diversos centros de asistencia.

Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), dijo que durante los pasados 20 años el cura Gutiérrez Farías recibió acusaciones en su contra; sin embargo, es explícita la red de complicidad y protección de alto nivel que tiene, y lamentó que en la recomendación de la CNDH no se establezca un señalamiento expreso acerca de esta situación y que tampoco se haga mención sobre las pautas de crimen organizado.

Rebeca Aguayo, coordinadora del área de investigación de NIMA-Centro de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, exhortó a la Iglesia católica a que revise y se pronuncie sobre este caso. Será importante en términos éticos que una institución con esas características salga a defender la vida de esta población, como lo han hecho en muchos de sus discursos, sobre todo ahora en estos temas de derechos como la despenalización del aborto.