Madrid. La Fiscalía del Tribunal Supremo español solicitó abrir una investigación para aclarar el supuesto blanqueo de una comisión ilegal multimillonaria que habría recibido el rey emérito español, Juan Carlos de Borbón, quien fue jefe de Estado desde el fallecimiento del dictador Francisco Franco (1975) hasta que abdicó en favor de su hijo, en abril de 2016.

La trama de corrupción en la que están involucradas varias empresas está centrada en la adjudicación a constructoras españolas del tren de alta velocidad a La Meca, operación en la que el monarca fue intermediario y facilitador, por lo que habría cobrado hasta 100 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción decidió trasladar el caso al Tribunal Supremo, una vez que Juan Carlos por su condición de rey emérito ya no es inimputable (como sí lo es el rey Felipe VI), pero aún está aforado, por lo que en función de la legislación española este tipo de casos los asume el alto tribunal.

Se trata de un paso histórico, ya que por primera vez se investigarán las finanzas y los supuestos delitos de corrupción en los que habría incurrido el rey emérito, quien a lo largo de su mandato fue intocable, a pesar de que a su alrededor crecían las sospechas por su papel en la enajenación irregular de recursos públicos, asuntos en los que también mezclaba su vida privada, con escándalos por sus relaciones extramaritales.

De hecho, la última de ellas fue clave para investigar esta trama, una vez que la empresaria Corinna Larsen, quien era conocida como princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, decidió contarlo todo, tanto a la justicia suiza como a varios medios de comunicación, a los que además relató las numerosas amenazas y coacciones que ha recibido tras su desvinculación del rey emérito.

Según la Fiscalía, la investigación se centra en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos ocurridos con posterioridad a junio de 2014, momento en el que Juan Carlos I abdicó y dejó de estar protegido como jefe del Estado.

Hasta ahora las diligencias de la investigación estaban en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Con el traslado al máximo tribunal se podría indagar cómo se ha movido ese dinero desde la abdicación.

Entre las empresas involucradas figura OHL, cuyo presidente y fundador, Juan Manuel Villar Mir, tiene varios casos abiertos en los tribunales españoles y de otros países, incluido México, cuando consiguió un contrato con el gobierno del Estado de México, entonces encabezado por Enrique Peña Nieto, para la construcción de una línea de tren.