Se cumplen 11 años del incendio en la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, y que dejó un saldo de 49 niños fallecidos y 106 heridos. A la fecha, la Fiscalía General de la República (FGR) revisa si los nuevos elementos aportados por familiares de las víctimas servirán para acreditar la responsabilidad de ex funcionarios locales y federales encuanto a las malas condiciones en las que operaba esa estancia.

Asimismo, se integra una carpeta de investigación con base en una denuncia del IMSS para que se indaguen irregularidades en las llamadas estancias subrogadas incluyendo la ABC.

Al respecto, Gabriel Alvarado, abogado del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, señaló que hace 11 años sucedió la mayor tragedia infantil del país y todavía el Estado mexicano tiene una enorme deuda con las familias que perdieron a sus hijos y con otros tantos que sufrieron quemaduras y lesiones que perdurarán toda su vida, por lo que se debe esclarecer la verdad en torno a qué provocó el incendio.

La estancia infantil comenzó a funcionar en agosto de 2001 como parte de una sociedad civil dirigida por Marcia Altagracia Gómez del Campo Tonella –prima de Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón– y quien no ha recibido ninguna sentencia condenatoria, aunque en total se condenó a 29 años de prisión a 19 personas, entre ellos ex funcionarios del IMSS que autorizaron la operación de la estancia, empleados del municipio de Hermosillo y del gobierno estatal, así como algunos directivos de la Guardería.

En ese contexto, el litigante Gabriel Alvarado sostuvo que “está en manos de la FGR resolver una averiguación previa y dos carpetas de investigación, una en contra del exgobernador Eduardo Bours y del ex procurador general de Justicia Abel Murrieta Gutiérrez, ambas por los delitos de obstrucción de justicia y falsificación, así como en contra de otros ex funcionarios por omisiones cometidas tanto en la investigación como por las irregularidades con las que operaba el establecimiento.

Gabriel Alvarado agregó que recientemente la FGR abrió otra carpeta por una nueva acusación que presentó el IMSS, y que esas pruebas arrojarán datos muy importantes que podrían permitir el esclarecimiento de los hechos y determinar responsabilidades.

El caso también sigue vigente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde en 2010 el ahora presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, presentó un proyecto que fue discutido y rechazado por el pleno, en el que apuntaba a responsabilidades civiles y penales de varios funcionarios, entre ellos al entonces director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Molinar Horcasitas, y el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo.

Sin embargo, las repercusiones de esta tragedia siguen llegando a laCorte, en forma de amparos de las víctimas y sus familiares, que buscan ser indemnizados. Recientemente en la primera sala, el ministro Juan Luis González presentó un proyecto donde propone que los jueces puedan fijar el monto de una reparación económica cuando se determine que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha hecho una cuantificación que incluya una reparación integral.

La votación de este asunto ha sido pospuesta ya en dos ocasiones, mientras han llegado a la SCJN otros dos asuntos similares.