El ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón de Lucio y Carlos Gómez Arrieta, ex director operativo de la Policía Federal Ministerial, se han convertido en dos de los principales objetivos del gobierno federal en el caso Iguala, ya que hay órdenes de aprehensión contra ambos relacionadas con la investigación de lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Autoridades judiciales señalaron que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sigue pendiente la solicitud de atracción de uno de los juicios contra involucrados en la desaparición de los estudiantes, en septiembre de 2014, y al menos cuatro mandamientos judiciales contra igual número de ex funcionarios federales (ex policías federales que participaron en la detención de varios de los acusados de la privación ilegal de la libertad de los jóvenes).

En marzo pasado se detuvo al marino Ariel Agustín Castillo Reyes, con lo que ya suman tres de los siete acusados. Un juez federal les dictó auto de vinculación a proceso, al considerar que existen evidencias de su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, contra la administración de justicia y abuso de autoridad. Siguen pendientes órdenes de arresto contra Tomás Zerón, por tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia, mientras que a Gómez Arrieta y al ex agente federal Julio Dagoberto Contreras se les acusa de tortura.

En ese mismo mes, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Isidro Junco Barajas, y elementos de la extinta Policía Federal (PF) a Ezequiel Peña Cerda, señalados de haber torturado a algunos de los detenidos en relación con el caso de los jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre del 2014.

Junco Barajas, quien fue capturado afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, se desempeñaba como subdirector de control operativo de la Dirección de Seguridad de la Cámara de Diputados, y Peña Cerda era director de área en la AIC; fue aprehendido afuera de esa corporación. Ambos habrían torturado a varios detenidos para obligarlos a que se declararan culpables por la desaparición de los 43 normalistas.

Aunque los hechos se denunciaron desde 2015, la investigación no progresó hasta el año pasado, cuando se hizo público el video donde se muestra como torturaba a una de sus víctimas: Carlos Canto Delgado.

En la SCJN queda aún pendiente de resolución una solicitud de ejercicio de la facultad de atracción sobre el caso de los 43. Se trata del expediente 473/2018, donde se solicitó al máximo tribunal del país atraer 19 amparos radicados en tribunales unitarios y juzgados de distrito ubicados en Tamaulipas.

Continúan en trámite dos amparos en revisión sobre el caso Ayotzinapa: el 499/2019 y el 422/2019, asignados al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, cuya resolución está pendiente en la primera sala.