l 16 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) por el que se busca garantizar la eficiencia, calidad confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Por dicho acuerdo se suspendieron las pruebas preoperativas de las centrales fotovoltaicas y eólicas privadas. Y quedó sin efecto la autorización para establecer nuevas. El motivo: disminución del consumo eléctrico debido al coronavirus y porque la generación intermitente de las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas privadas afectan la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

La reacción no se hizo esperar por parte de los inversionistas afectados, las agrupaciones empresariales, los embajadores de Canadá y la Unión Europea, siete gobernadores del norte del país, ambientalistas y expertos en el tema. Alegan que esa medida frena la futura inversión privada en energías limpias (más de 7 mil millones de dólares), se dejan de crear miles de empleos, la posibilidad de generar energía a menor precio y se privilegia a las centrales de combustibles fósiles. Además, no contó con el análisis de impacto regulatorio dela Comisión de Mejora Regulatoria. César Hernández, titular de esta dependencia, renunció a su cargo cuando se publicó en el DOF el acuerdo. Contra éste 23 empresas de energía limpia lograron el amparo de la justicia y podrán iniciar sus trabajos.

Desde frentes oficiales se respondió a los críticos. El presidente López Obrador recordó que corresponde a la nación la planeación y control del sistema eléctrico y el servicio público de transmisión y distribución; que en el pasado se otorgó a particulares la mitad de dicho sistema mediante contratos leoninos, sucios marginando del mercado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Pemex; que los funcionarios que los aprobaron fueron retribuidos después con cargos en los consorcios privados.

Manuel Bartlett, el muy polémico director de la CFE, dijo haber presentado recursos ante la Comisión Reguladora de Energía, a fin de terminar la simulación y el fraude en que incurren las generadoras privadas, como Iberdrola, Enel, American Light, Acciona, Interge Soluciones, Tractebel, Bravos Generación. Afirma que no pagan el transporte de luz. Y que cometen ilícito al presentar como socias a empresas que son sus clientes, como Grupo Salinas, Oxxo, Walmart, Soriana, Nissan, Cemex, Liverpool, Peñoles, Kimberly Clark, Movistar y Cinépolis. Reveló que el anterior director, Enrique Ochoa Reza (luego presidente del PRI), le dijo al dejar su cargo que se necesitaba invertir 100 mil millones de pesos en la red nacional a fin de darle cabida a la iniciativa privada. Bartlett se dice partidario de las energías limpias, pero sin subsidio público ni en perjuicio de la CFE.

Sobre esto último, la CFE reveló que al amparo de un entramado legal establecido en los sexenios anteriores, las empresas energéticas privadas y algunas sociedades ficticias se benefician millonariamente, al no pagar por usar las líneas de transmisión de la CFE vía tarifas subsidiadas. Esto cuesta cada año a la paraestatal 45 mil millones de pesos. Los empresarios aseguran que sí pagan, pero la Auditoría Superior de la Federación sostiene que los precios de adquisición de las energías privadas por la CFE son desfavorables para la paraestatal.

Mientras Carlos Salazar Lomelí, polémico líder del Consejo Coordinador Empresarial, asegura que el conflicto entre el gobierno y los negocios de energía limpia se podría haber arreglado alrededor de una mesa de gente... ya no digo inteligente, razonablemente inteligente, se ignora la opinión de las comunidades afectadas en sus tierras por los más de 300 parques eólicos y solares existentes. Indígenas y ejidatarios llevan tres lustros denunciando los daños que le ocasionan al ambiente y a su entorno socioeconómico. La inmensa mayoría de las veces no fueron consultados para establecerlos, y con incumplidas promesas de apoyo económico, cedieron sus tierras para instalar los complejos energéticos.

Los desprotegidos del campo están, como en muchos rubros, ausentes cuando se toman decisiones que los afectan. Si el lema de la actual administración es primero los pobres, debe demostrarlo con las nuevas reglas que establecerá en el campo de la energía renovable.