Siete de cada 10 trabajadores en México –38 millones– se encontraban en los estratos de ingreso medio bajo y bajo antes de que comenzara la parálisis económica para frenar el contagio de Covid-19 en el país, documenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La caída de la actividad económica este año implicará aumentos de los niveles de pobreza y pobreza extrema, y con ello la reducción de los niveles de bienestar, de acuerdo con organismos de diverso orden.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) proyecta que un decrecimiento de 5.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) sumará a 10.7 millones de personas a la pobreza extrema. Con una contracción de 6.5, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que serán 7.7 millones más, y BBVA Research prevé que, al caer la actividad 7 por ciento, 12.3 millones se agregarán a esa condición.

La carencia de un sistema nacional de protección, un mercado laboral que resulta ser una fábrica de pobres y el bajo crecimiento acumulado en los últimos 30 años se consideran los principales factores de la debilidad del país para proteger los ingresos de las personas, explican especialistas.

En ese contexto, el principal efecto social que advierten del incremento de la pobreza este año es la precarización, ya dominante, de las condiciones de trabajo.

En entrevista, José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, explica que tras las crisis de mediados de los años 90 y la de 2008-2009 tuvieron que pasar más de ocho años para que se recuperaran los niveles previos de pobreza alimentaria y patrimonial.

En la actualidad, el freno económico podría acentuar la carencia de familias para adquirir alimentos, sobre todo en las áreas rurales del país. En 2018, añade, 25.5 millones de mexicanos ya arrastraban esa condición.

Agrega que, además de los programas prioritarios contemplados por el gobierno federal, es recomendable fortalecer los de apoyo al ingreso laboral, porque éste representa hasta 70 por ciento para las familias.

Hasta ahora se prevé que una lenta recuperación de la economía implicaría un incremento de la informalidad. Según los datos más recientes recabados por el Inegi, en ésta se ocupan seis de cada 10 personas.

Por su parte, María Ayala, responsable de Investigación y Datos de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, subrayó que la política social del actual gobierno federal tiene el mérito de dar un mínimo de derechos a sectores históricamente abandonados, como jóvenes e indígenas. Sin embargo, apunta, también se requieren medidas extraordinarias para blindar los ingresos de los trabajadores formales.

Se necesita proteger no al empresario, sino la función de dador de ingresos, nóminas y una política de ingreso garantizado. Otorgar los apoyos y como contraprestación recibir un plan de protección para trabajadores a mediano y largo plazos, porque la crisis va a pasar, la contingencia también, pero requerimos que no se alargue la crisis laboral, subrayó.

Insistió en que la crisis actual implica cambiar de fondo las condiciones de un sistema laboral que se erigió en fábricas de pobreza a través de leyes laxas, subcontratación y modelos de negocio que dependen, sí o sí, de faltar a los derechos de los trabajadores.

De acuerdo con estimaciones de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, antes de la contingencia 23 millones de personas trabajaban hasta ocho horas y regresaban a sus casas sin lo suficiente para dos canastas básicas.

César Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que al moverse los trabajadores a la informalidad tal vez no vamos a ver una elevación muy importante de la tasa de desocupación, pero sí condiciones muy precarizadas de ingreso, que se reflejarán en menor acceso a salud, vivienda, seguridad social, servicios digitales y educación.

La pobreza se evidencia en una mayor proporción de gente que no tiene acceso mínimo al bienestar, explica.

José Nabor Cruz insistió en que una vez que pase la contingencia sanitaria, es importante articular todos esos aspectos en una política pública.

Urge que como país se dé una amplia y robusta discusión sobre cómo crear un esquema de protección social universal para que en futuras crisis no tengamos estas posibles afectaciones y no estemos en una situación tan endeble como la de esta coyuntura sanitaria, subraya finalmente.