Buenos Aires. La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño presentó una demanda judicial contra el ex titular de ese organismo Gustavo Arribas, a quien se llama a indagatoria, al igual que al ex presidente Mauricio Macri por haber aplicado un proceso sistémico de inteligencia ilegal interfiriendo los correos electrónicos privados de más de 80 políticos, dirigentes sociales, periodistas, diputados, e incluso un gobernador.

El espionaje estaba dirigido a funcionarios en activo como el embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi; el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, del oficialista Frente de Todos, así como los diputados Gabriela Cerrutti, Rodolfo Tahilade, Marcos Cleri; la ex abogada de Milagro Sala y actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la actual ministra de Educación de Tucumán, Silvia Rojkés.

Además, fueron espiados los correos electrónicos de dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) aliada a Macri en la Alianza Cambiemos, Mario Negri, Angel Rozas, Ernesto Sanz. El lente de los espías vigiló a macristas tan leales al ex presidente, como la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, o el periodista Luis Majul, quien sigue encabezando la campaña sucia contra el gobierno de Alberto Fernández; también al ex embajador en Uruguay Mario Barletta, al ex gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, y al sindicalista Héctor Daer, también alguien muy cercano a la pasada administración.

El espionaje alcanzó a dependencias policiales, entre éstas la comisaría tercera de Avellaneda; la superintendencia general de la policía bonaerense, la policía de Lanús y la policía científica.

La causa está a cargo del juez Martínez de Giorgi y del fiscal Di Lello. El espionaje era ilegal, porque no existía ninguna autorización judicial para llevarlo a cabo. También fue acusada Silvia Majdalani, ex directora de la AFI, así como su cuñado y ex jefe de gabinete del organismo Darío Biorci, y los agentes Omar Daniel Solis y Patricio Correa.

En realidad esto no es nuevo, porque Macri asumió la presidencia mientras era procesado por un caso de espionaje muy grave cuando era jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que realizó contra políticos e incluso sus familiares. Fue el primer presidente en llegar al cargo en medio de un juicio por casos de espionaje y también por abusos contra personas en situación de calle, que fueron reprimidas por civiles usados por la municipalidad.

De la misma manera, el descubrimiento de una red de espionaje en febrero de 2019, que involucraba a un sector de la inteligencia del gobierno de Macri, de la justicia, el periodismo, y de poderosos medios de comunicación para armar causas falsas y perseguir a políticos, como la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros altos funcionarios, fue uno de los escándalos más fuertes al finalizar el gobierno de Macri.

En esos momentos también se descubrió una red de espionaje contra jueces que eran objetados por el gobierno macrista. Ambas son causas de Macri y continúan vigentes. Es un momento clave para el país.

En otro orden, decenas de médicos, con mascarillas protectoras, exigieron en el emblemático Obelisco de esta capital incrementos salariales y mejores equipos de protección para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

También rechazaron el procesamiento de dos colegas que laboran en un geriátrico de la provincia de Córdoba, una de las más pobladas, a quienes se acusa de haber contagiado a internos.

Hasta ahora unos 800 trabajadores sanitarios se han contagiado de Covid-19, con unos 10 decesos, y el registro nacional es de 13 mil contagios y medio millar de muertos.