Representantes de comunidades afectadas por la actividad minera pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se declare inconstitucional la Ley Minera, ya que las empresas dividen a las comunidades, afectan sus recursos naturales y las autoridades han favorecido esa actividad en sus territorios sin consulta previa.

En distintos testimonios, durante el foro virtual sobre Afectaciones de la minería a los derechos de los pueblos indígenas, convocado por el Consejo Maseual Altepetajpianij, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y otras organizaciones, explicaron que, por ejemplo, en Capulálpam, Oaxaca, recientemente los comuneros ganaron un amparo en contra de la minera canadiense Continuum Resources LTD y de la mexicana Minera Natividad y Anexas, con lo que se suspendieron sus respectivas concesiones para operar, pero las empresas continúan trabajando. Seguimos en la lucha pacífica, confiados en las resoluciones de las autoridades correspondientes.

Existe la violencia entre comunidades fomentada por las empresas mineras; alrededor de la mina se fundó el caserío de la Natividad, que se convirtió en municipio sin tener territorio; la lucha es legal, pero los ataques se dan de diferentes formas, explicaron Néstor Baltazar Hernández, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, y Netzar Andenago, ex presidente del mismo.

La comunidad Me’Phaa, de San Miguel del Progreso, Guerrero, obtuvo un amparo contra la declaratoria de Libertad de Terrenos de la Secretaría de Economía, de noviembre de 2015, en el que consideró su territorio apto para la actividad minera. Tienen una sentencia en favor de la comunidad, el pueblo está libre de las empresas mineras.

Por su parte, el Consejo Maseual Altepetajpianij, en la Sierra Nororiental de Puebla, realizó acciones legales para defender su territorio ante las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila. El caso por el que la Corte definirá si la Ley Minera es o no constitucional. Recordó que el pasado 13 de mayo de este año, la segunda sala de la SCJN pospuso la discusión y votación del proyecto de sentencia del ministro Javier Laynez Potisek.