Si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantiene en la impunidad la desaparición forzada de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), cometida hace 13 años en Oaxaca por elementos militares, será tan responsable de ese crimen como el ex presidente Felipe Calderón. Así lo señalaron familiares y abogados de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, miembros de esa organización, cuyo paradero se ignora desde el 25 de mayo de 2007.

En conferencia de prensa virtual, Nadín Reyes, hija de Edmundo Reyes y representante del Comité Hasta Encontrarlos, enfatizó que si bien la administración del presidente López Obrador no participó ni ordenó la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, sí lo hicieron mandos militares y policiacos que hoy están en funciones o en retiro. Y el (actual) gobierno federal sabe a la perfección quiénes fueron los perpetradores materiales e intelectuales, por lo que mantener la impunidad es un crimen que corresponde enteramente al nuevo gobierno.

En el contexto del 13 aniversario de la desaparición, agregó que han sido años difíciles para las familias, y que hoy, en medio de la pandemia por el Covid-19, lo es aun más debido a que ésta ha servido como pretexto para no llevar a cabo acciones de búsqueda, de acceso a la verdad y la justicia y a no atender la resolución de un tribunal colegiado que solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer el caso.

Por su parte, el abogado Sandino Rivero indicó que si el máximo tribunal atrae el caso, podría sentar precedente para que en situaciones similares en el país los jueces actúen en una sola línea, y también generar criterios jurisprudenciales.