En un documento titulado La nueva normalidad, dirigido al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como a los gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Puebla, Morelos y Veracruz, organizaciones sociales de dichas entidades y unas 200 personas de la sociedad civil demandan que aquéllos se abstengan de seguir promoviendo el modelo de desarrollo extractivista, de servidumbre de paso y ocupación temporal causante de la devastación ecológica y responsable estructural de generar la pandemia que hoy vivimos en el planeta.

Específicamente exigen que se cancele la construcción de infraestructura para megaproyectos como el Canal Interoceánico y el tren mal llamado maya, pues no pueden considerarse actividades esenciales ni prioritarias. Lo mismo para toda actividad minera en territorios de pueblos originarios: ni ésta ni la producción de autopartes son actividades esenciales.

El enérgico llamado a los gobiernos federal, estatales y municipales de las entidades consideradas para los megaproyectos y sus derivaciones se centra en los estados y regiones que comparten también el hecho de contar con numerosa población indígena y mayor concentración de pueblos y territorios dedicados a la agricultura y otras actividades esenciales para su sobrevivencia.

De ello se desprende un decidido rechazo a la militarización de sus territorios, sea para resguardar al capital extractivo o para cualquier acción represiva. Y advierten: Bajo ninguna circunstancia la aceptaremos. En cambio, demandan respeto al derecho de los pueblos originarios, comunidades y organizaciones a la libre determinación, incluidos el derecho a estar o permanecer en aislamiento y determinar cuándo debe ser el regreso a las actividades escolares y otras.

Puesto que la salud depende directamente de la alimentación, exigen priorizar un programa de emergencia alimentaria para la población en condición de miseria, pobreza extrema y pobreza.

Según el documento, las autoridades deben respetar la cultura milpera y maicera de los pueblos, propiciar la recuperación del amaranto para la dieta diaria y que se honren las semillas y los modos agroecológicos de producción indígena y campesina en México. Esto implica castigar la especulación y el desabasto de alimentos.

Para la protección alimentaria se pide cumplir con el derecho de los campesinos a los subsidios necesarios para mantener la producción y distribución de excedentes. El Estado deberá garantizar el abasto de alimentos básicos comprando a pequeños productores y protegiendo el piso de precios de garantía.

Según el texto, se deberán cancelar todas las concesiones mineras que envenenan el agua y dar por terminada la extracción del vital líquido de manantiales, pozos y ríos por empresas refresqueras, cerveceras y todas las que están privando del derecho al agua a la población.

Solicitan crear condiciones y otorgar presupuestos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas de la tercera edad.

Las organizaciones firmantes exigen que se posibilite la salud integral de los pueblos y el seguro social público, gratuito y universal, incluyendo la puesta en marcha y cumplimiento de cuidados sanitarios para las y los trabajadores agrícolas migrantes.

Por último, instan al Estado a que distribuya los insumos al personal de salud en el sistema público sanitario y se garanticen sus derechos laborales integrales.