Familiares de personas desaparecidas exigieron mayor capacitación para el personal de fiscalías y comisiones asignados a esta tarea, porque en la práctica se enfrentan a casos dramáticos de falta de información e impericia de los agentes.

Este tipo de circunstancias derivan en una acumulación amplia y añeja de expedientes sin atender y menos resolver, acorde con testimonios emitidos durante la ronda de foros convocada por la Secretaría de Gobernación para definir un protocolo de búsqueda para todo el país.

En Colima, las comisiones no saben ni de qué se trata el tema de desaparecidos. Somos nosotros los que llevamos la información a ellos, dijo Marylú, en la sesión de ayer.

Se dijo, por ejemplo, que las fiscalías demoran hasta tres semanas para iniciar la búsqueda de un menor de edad, pero este rezago e indolencia es más agudo cuando las víctimas son de grupos vulnerables, como migrantes.

Protocolo de búsqueda

Patricia López, del colectivo Familiares en Búsqueda, mencionó que desde 2013 trabaja para conocer, entre muchos casos, el paradero de Vanesa, una mujer originaria de Colombia, pero hasta la fecha ninguna autoridad investiga. Esta chica es madre de tres hijos y fue desaparecida en Michoacán. Ella también requiere verdad y justicia, señaló.

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la SG realiza esta consulta, del 5 de mayo al 5 de junio, a fin de llevar un documento para su revisión en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

En este país donde el registro de personas no localizadas supera los 60 mil casos, los familiares suelen ser vueltos a victimizar en la burocracia, pero sobre todo son abundantes los episodios de quienes saben mucho más de estrategias y leyes que los propios agentes.

En Tepic, la Fiscalía no tiene personal capacitado. Los expedientes están abandonados, escribió Eunice Ahumada, en el foro virtual.

Otra persona, de Lagos de Moreno, dijo que en esa zona de Jalisco ni siquiera tienen una comisión local.

Es común escuchar o leer los testimonios de quienes lamentan que ya han llevado al escritorio de las fiscalías las pruebas, pero los encargados no hacen gran cosa, en especial con la información de los movimientos del teléfono celular de la persona desaparecida. Por tanto se pierde tiempo preciado en las horas posteriores a la privación de la libertad.

Si bien el protocolo busca homologar metodologías y criterios, los participantes temen que sea otro entramado en el papel.