La desigualdad social y el desequilibrio regional del país están siendo ignorados en la construcción, comunicación e implementación de las políticas públicas del Estado mexicano para encarar la pandemia por Covid-19, además de que difícilmente se podrá aplanar la curva de contagio y fallecimientos, consideraron académicos de varias instituciones de educación superior.

En la mesa de diálogo Desigualdades estructurales y principio de no discriminación frente a la epidemia por Covid-19, organizado por la Universidad Iberoamericana (Ibero), académicos de esta casa de estudios, de la Autónoma Metropolitana (UAM) y del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) consideraron que el programa Quédate en Casa sólo pueden acatarlo personas que tienen solvencia económica para no trabajar por una temporada, pero se pone en práctica sin considerar las diferencias en cuanto a densidad poblacional, prácti-cas comunitarias y cadenas productivas propias de cada región.

Por separado, en entrevista, Roberto Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Economía de la unidad Iztapalapa, señaló que el punto de inflexión de la curva de contagio se ha tenido que aplazar a medida que se posee mejor información y proyecciones más confiables, por lo que su aplanamiento todavía tardará varias semanas.

Manifestó que las autoridades han jugado con dos fuerzas: “permitir la expansión del contagio de manera controlada –no deben rebasar los límites que impone la capacidad hospitalaria– y enviar a los agentes financieros la señal de que pronto se reabrirá la economía y habrá un adecuado control de daños”, pero el comportamiento del contagio hace sumamente complicado que se cumpla el aplanamiento de la curva en lo inmediato.

Tatiana Andrea Alfonso Sierra, académica del ITAM, declaró que si se contrastan las zonas urbanas –donde se ha puesto un gran énfasis en el programa Quédate en Casa– con las rurales, en estas últimas se enfrenta el reto estructural de no poder acceder a un servicio de salud pública, incluso no hay servicios sanitarios básicos.

Advirtió que, si no se diseñan políticas diferenciales, es probable que se reproduzca también la desigualdad estructural.

En este sentido, Luis Xavier Carrancá Álvarez, de la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa de la Ibero, opinó que en el contexto del Covid-19 esta desigualdad estructural también hace que las personas migrantes, particularmente aquellas en situación irregular, integren uno de los grupos en riesgo de contagio, al verse obligadas a aceptar trabajos precarizados y de explotación “que la pandemia ha reconceptualizado como ‘esenciales’, pero que son muy mal pagados”.