En el contexto de la pandemia de Covid-19, más de mil personas desplazadas por la violencia continua en el municipio tzotzil de Chalchihuitán, en Los Altos de Chiapas, denunciaron un nuevo ataque armado el pasado día primero de mayo contra uno de sus campamentos de refugio. Según los testimonios recabados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), individuos de un grupo de corte paramilitar vestidos de negro dispararon desde el vecino municipio de Chenalhó.

Sucedió en el tramo Chacojtón en la comunidad de Pom. Esto ha provocado mucho miedo, no podemos ir a nuestra milpa a traer nuestras verduras para comer, las mujeres y los niños sufren mucho, no pueden ir por leña y los hombres no podemos salir a trabajar, manifestaron los indígenas.

Es difícil encontrar cómo alimentarnos en esta situación. Las autoridades nos dicen que no salgamos de la casa por la enfermedad del Covid-19, pero no hay maíz, ni frijol, tenemos que ir a buscar nuestra verdura a la parcela. Tampoco podemos comprar en la comunidad, porque los hombres no pueden salir a trabajar a la milpa ni a vender la cosecha de café, hay miedo por la enfermedad y porque nos vaya a herir una bala de los grupos paramilitares.

De acuerdo con el Frayba, las comunidades de Chalchihuitán enfrentan mayor riesgo de crisis humanitaria. Los actos de violencia armada aumentaron el miedo y la crisis humanitaria en las comunidades que han sido agredidas desde tiempo atrás. Esta situación de vulnerabilidad pone en alto riesgo de contagio de Covid-19 a las 273 familias, un total de mil 236 personas desplazadas forzadamente. Se encuentran en pobreza extrema, sin alimentación adecuada ni agua potable, en carencia de servicios de salud, apunta el Frayba.

De especial preocupación son las niñas, niños y adolescentes, así como los adultos mayores y mujeres en las comunidades desplazadas de K’analumtik, Pom, Ch’enmut, Bololch’ojon, Bejelton, Tulantik, Cruzton, Ts’omolton y Cruz Kakanab del municipio de Chalchihuitán, y Majompepentik, municipio de Chenalhó.

El organismo con sede en San Cristóbal de Las Casas señala que, a pesar de que las comunidades desplazadas cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación, el Estado mexicano no ha cumplido con implementar las acciones necesarias.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el municipio de Chalchihuitán ocupa uno de los primeros lugares de pobreza extrema (79.8%), la cual se agudizó desde los hechos de violencia perpetrados por un grupo civil armado procedente de Chenalhó, que provocó el desplazamiento forzado de 5 mil 23 personas desde octubre de 2017.

La Organización de las Naciones Unidas ha postulado: Los pueblos indígenas, en particular las mujeres y las niñas, suelen verse afectados de manera desproporcionada por las epidemias y otras crisis. Los pueblos indígenas tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en la extrema pobreza que los no indígenas. Además, son custodios de una gran riqueza de conocimientos y prácticas tradicionales, lenguas y culturas, que incluyen respuestas a las crisis probadas en el tiempo. En consecuencia, se les debe incluir de manera participativa, culturalmente apropiada y respetuosa de sus derechos, en las respuestas a la pandemia y sus impactos.