Veinticinco años después de que el gobierno federal resolvió convertir deuda pública los pasivos de particulares, las obligaciones a cargo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) –antes Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa)– y del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac) equivalen a 5.1 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Suman 1 billón 246 mil 463 millones de pesos, prácticamente la mitad de las obligaciones que arrastra Petróleos Mexicanos como principal empresa productiva del Estado –alrededor de 2 billones 406 mil millones de pesos– y 11.4 por ciento de toda la deuda mexicana interna y externa, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Si bien se ha reducido como proporción del PIB con el crecimiento de la economía mexicana, se incrementó de 807 mil 601.4 millones de pesos en 2000 y a partir 2012 no dejó de contarse por arriba del billón de pesos, congelando así recursos para otras áreas, según la información oficial.

En el momento del rescate se avaló con la consigna de pagarse en 20 años, pero actualmente la capacidad de recursos del gobierno federal y los incrementos de las tasas han resultado en que sólo se cubran intereses sin aportar a capital, aunque la deuda se reduzca como proporción del PIB.

Actualmente todas esas obligaciones, que son sólo deuda y el manejo de sus pasivos, duplican el valor de la inversión física del gobierno federal –la cual tiene como objetivo crear infraestructura y carreteras para las actividades productivas.

Y pese a que en su momento el gobierno federal argumentó que esos recursos no sólo implicaron la salvaguarda de bancos privados, sino de ahorradores, hasta hace dos años 32 por ciento de la población no tenía acceso a servicios financieros.

La deuda de los rescates bancario y carretero fue asumida por el gobierno federal durante el mandato del ex presidente Ernesto Zedillo, quien propuso la medida, la cual fue aprobada por el Congreso.

Se ha mantenido también el sigilo sobre los deudores rescatados. Durante el gobierno de Vicente Fox Quesada se promovió una segunda auditoría a los préstamos que se volvieron deuda pública, pero jamás se hizo por transparentar la relación completa de los beneficiarios. Sólo algunos nombres fueron hechos públicos en el paquete de entrega-recepción que el Fobaproa hizo al IPAB.

Algunos son: Chedraui Alam, Chedraui Budib, Abinsa, Aceros Monterrey, Elektra, Ica, Fertinal, Fox Quesada, Famsa, varios gobierno estatales, General Motors, Hermes, Kamel Nacif, La Polar, Labastida Ochoa, Oceánica y Tv Azteca.

Pese a que el Fobaproa costó 14.5 por ciento del PIB mientras la actividad económica se desplomó 6.29 por ciento en 1995, la coyuntura actual y los programas de apoyo a ciertos sectores productivos no implican la misma dinámica de rescate, consideró Mario di Costanzo, analista financiero.