Sábado 2 de mayo de 2020, p. 27
En Querétaro, diputados locales aprobaron reformas para aumentar sanciones a quienes violen la cuarentena o por desobedecer las medidas de seguridad, con tres a cinco años de prisión y multas hasta de 43 mil pesos.
También se castigará con tres a seis años de cárcel a quien, sabiendo que padece una enfermedad grave y se encuentre en periodo infectante, ponga en peligro de contagio a terceras personas.
En la sesión del jueves pasado, los legisladores aprobaron reformas a 21 artículos para aumentar las penas para los delitos de lesiones, omisión de auxilio, discriminación, extorsión, violencia familiar, apología del delito, de-sobediencia y resistencia a particulares, contra la seguridad pública, contra servidores públicos y de quebrantamiento de penas.
Tras dos meses de no sesionar en el pleno, los congresistas regresaron al recinto legislativo con cubrebocas y constante sanitización del espacio físico; además de las reformas, agregaron un párrafo en el artículo 286 para especificar que si el desacato fuera por medidas de seguridad sanitaria o de protección civil decretada por la autoridad durante una emergencia será aplicada la misma sanción. Además, en el apartado de apología del delito, fueron integradas sanciones de 3 a 6 años de prisión y de 500 a mil días de multa al que por cualquier medio convoque, organice o promueva saqueos, daños, robos o cualquier acto violento en contra de cualquier tipo de tienda comercial.
Conceden amparos en Cancún contra medidas
En Cancún, Quintana Roo, el juzgado 7 de distrito concedió un amparo provisional a ciudadanos, contra las medidas que dictó el gobierno estatal para prevenir contagios sin ningún documento oficial, las cuales atentan contra las garantías individuales de las personas, como es la total restricción para circular por la entidad cuando porten placas foráneas en sus vehículos, informó el abogado Eduardo Chong Avendaño.
Explicó que desde el 23 de abril, el gobernador Carlos Joaquín anunció tres medidas emergentes, a través las redes oficiales del gobierno estatal.