Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, defendió la legalidad de las nuevas medidas de austeridad anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ratificadas vía decreto en el Diario Oficial de la Federación, así como la extinción de los fideicomisos. Todo está contemplado en la Ley Federal de Austeridad Republicana. Se trata de decisiones políticas y no son ilegales como quieren hacer ver algunas personas.

Apuntó también que la renuncia al aguinaldo, prestaciones y parte del salario por los mandos altos del gobierno federal será un acto voluntario.

Y a propósito del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) –sobre cuya desaparición tuvo un fuerte intercambio en redes sociales el fin de semana pasado, pues indicó que era un órgano salinista que nació para controlar a los rebeldes y premiar los compadres–, la funcionaria aseguró esta vez: nunca quise poner en cuestión a la creación artística, sino la figura.

La polémica se generó –dijo– porque existen puntos de vista muy encontrados, pues también mucha gente coincidió en la necesidad de terminar con una figura que no daba posibilidad de rendir cuentas más claramente. Ahora se está en el proceso de extinción tanto de ése como del resto de los fideicomisos, particularmente de aquellos sin estructura orgánica.

Para la secretaria Sandoval, esos organismos fueron una estratagema de desviación de fondos durante el neoliberalismo. Se creaban para cualquier cosa y de los 339 existentes, la mayoría operaba sin estructura orgánica y el Fonca no fue la excepción.

La extinción de éstos es una decisión mucho más amplia y es para romper con una visión y una práctica del pasado muy ominosa en términos de transparencia y de transformar muchas veces deudas privadas en deudas públicas y donde el epítome es el Fobaproa.

–¿El Fonca resurgiría como fideicomiso?

–Lo que decimos es que tiene que ser un programa presupuestal con reglas claras y transparentes, sujeto a la fiscalización a través del proyecto de presupuesto de Egresos y la rendición de cuentas a través de la Auditoría Superior.

Reducción de gastos

La funcionaria dijo en entrevista con este diario que las nuevas medidas de reducción a los gastos generales de las dependencias se suman a la disminución de 50 por ciento, anunciada el pasado 8 de este mes. Y hoy se adiciona un 25 por ciento de recorte en los gastos en los capítulos 2000 y 3000.

Sobre los cuestionamientos al fundamento legal de las medidas, desestimó las críticas: no hay duda en lo absoluto, tienen congruencia y lógica. No se está pidiendo lo imposible y es moralmente necesario.

El pasado jueves, el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa (para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria) y que aquel órgano legislativo ceda su facultad exclusiva de reasignar el gasto.

La explicación de la doctora Sandoval a este hecho fue que se hizo así por la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Creo que quiere ser muy claro el Presidente en términos de los ajustes que se necesitan.

Respecto a la base jurídica para realizar recortes salariales y de prestaciones a altos funcionarios públicos, acotó: es voluntario, y eso se debe tener claro, no es que se le quiten de la mano a nadie.

Ese dinero –puntualizó– está considerado para todo mundo, pero habrá una metodología, un procedimiento por el cual quienes estemos de acuerdo, donaremos lo que está considerado en el tabulador de la administración pública federal.

Para la funcionaria, en todos estos ajustes se ha tenido mucho cuidado porque es lo que al Presidente más le importa, que sea con apego a derecho.

Guardiana del decreto

Luego de definir a la dependencia que encabeza como la guardiana del contenido del decreto presidencial, la doctora Sandoval admitió no saber todavía cuáles serán las 10 subsecretarías que desaparecerán.

El Presidente quiere tener estructuras más ligeras y de ahí la necesidad de eliminar o readecuar, porque hay dependencias que tienen hasta cinco subsecretarías. Su eliminación, anticipó, será de forma consensuada.