Integrantes del bloque opositor en el Senado demandaron que esa cámara vuelva a sesionar, a fin de aprobar reformas legales que permitan proteger la vida e integridad física del personal de salud, con el endurecimiento de las sanciones penales a quienes amenacen o agredan a médicos y enfermeras.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, recordó que hay cuatro iniciativas ya presentadas que pueden ser la base para crear el marco jurídico necesario, a fin de castigar con severidad las agresiones al personal de salud que expone la vida para atender a víctimas del Covid-19 y no merece vejaciones ni agravios.

Una de las iniciativas es de él y propone adicionar la Ley General de Salud, para incluir una sanción de tres a seis años de prisión a quien ataque o amenace a enfermeras, médicos y paramédicos. Es una ­penalidad, recalcó, inde­pendiente de la sanciones que pudieran corresponder por otros delitos ­penales.

Explicó que de esta forma es una sanción que opera a escala nacional, ya que si sólo se reforma el Código Penal Federal (CPF), no tendría competencia en los estados, además de que la penalidad por lesiones es muy baja.

José Ramón Enriquez, senador de Movimiento Ciudadano, presentó también el día 20 una iniciativa para expedir la ley general de protección al personal de salud en emergencia sanitaria, en la que se establecen las bases mínimas para garantizar la vida, integridad, protección y salvaguarda de quienes combaten la pandemia.

En otra iniciativa, que ayer hizo llegar a la mesa directiva del Senado, propone adiciones al CPF, que eleva hasta en dos tercios la pena cuando se cometa delito doloso contra personal del sector salud, con la intención de provocar un daño, limitar, menospreciar o transgredir cualquiera de sus derechos.

Con ello, se incrementa de tres hasta seis años la pena de prisión.

Las senadoras del PAN Josefina Vázquez Mota y Kenia López ­Rabadán presentaron otra iniciativa, con la incorporación de un artículo 149 quáter al CPF, para imponer de dos a cinco años de prisión, y de 500 a 2 mil horas de trabajo en favor de la comunidad, así como una multa de 26 mil pesos a los agresores del personal de salud.

Plantean, asimismo, que en caso de emergencia sanitaria, se considerarán como calificadas y se perseguirán de oficio las lesiones a médicos y enfermeras.

El primero en presentar una reforma para detener las amenazas, agresiones y actos discriminatorios contra el personal de salud fue el morenista Salomón Jara, el día 9, con penas de cinco a 25 años de prisión y multa de mil 500 veces la unidad de medida para los agresores.

Propone que los atentados contra personal e instalaciones de salud se consideren una modalidad de sabotaje durante emergencias sanitarias.

Mancera, Enríquez y López Rabadán, coincidieron en que así como se hizo con la Ley de Amnistía, el Senado debe regresar a sesionar para aprobar esa reforma que es de gran relevancia, dados los constantes ataques y vejaciones contra personal de salud.