Bogotá. La Organización de Naciones Unidas expresó ayer su preocupación por el asesinato de varios defensores de derechos humanos en el suroeste de Colombia a manos de grupos armados que están aprovechando el confinamiento para arreciar su campaña contra los activistas.

En una declaración desde Ginebra, Rupert Colville, vocero de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, dijo haber recibido el reporte de al menos 13 homicidios en lo que va del año en el departamento de Cauca, donde organizaciones se disputan el control del narcotráfico y de la minería ilegal.

Tres de los asesinatos se produjeron en los últimos días en medio de la emergencia sanitaria. La situación en el departamento colombiano de Cauca (...) es muy preocupante, subrayó Colville.

Según el responsable, las medidas de confinamiento adoptadas para contener la propagación de la Covid-19 parecen haber agravado una situación de por sí violenta y volátil.

Los grupos ilegales parecen estar aprovechando el encierro de la mayoría de la población para expandir su presencia y control sobre el territorio, agregó.

A los asesinatos selectivos de activistas se suman amenazas de muerte a poblaciones campesinas, afro e indígenas, de acuerdo con la ONU.

El Cauca es una zona estratégica para el cultivo de hoja de coca y es uno de los departamentos que, junto a Antioquia (noroeste), Arauca (noreste) y Caquetá (sur) son claves para el transporte de droga hacia el Pacífico.

Trapos rojos en las fachadas por hambre

En el municipio de Soacha, en el suroeste de Bogotá, Colombia, ante los efectos económicos de la pandemia del Covid-19, la gente cuelga trapos rojos en las fachadas de sus viviendas para indicar a las autoridades o a sus vecinos que ya no tienen alimento y necesitan ayuda para sobrellevar una cuarentena que ya completa 27 días, y se extenderá, por ahora, hasta el 11 de mayo.

A pesar de que en Soacha se registran apenas 40 casos confirmados de contagio y la muerte de un hombre de 72 años por la pandemia, los más de 500 mil habitantes, cuya mayoría se dedica al comercio informal, al sector de la construcción y los servicios domésticos de la capital colombiana, tienen problemas para conseguir su alimento diario.