La situación actual en Chiapas no deja de ser paradójica. Aún con pocos casos reportados de Covid-19, es considerada una región de alto riesgo ante el avance de la pandemia por el territorio nacional. Las condiciones de salud de la población, particularmente en las zonas indígenas, concentradas en una tercera parte del estado, son muy precarias, la infraestructura médica institucional resulta escasa, y con frecuencia no la hay. Además de los miles de desplazados no reconocidos plenamente por el gobierno estatal, muchas comunidades son la punta del iceberg de condiciones de miseria y hambruna en los municipios tzotziles de Los Altos, según testimonio de la actriz y activista Ofelia Medina, quien desde hace décadas impulsa programas de alimentación y salud para las regiones más pobres de Chiapas y la Montaña de Guerrero.

Refiere a La Jornada que ha identificado en comunidades de Chenalhó muchos casos de tuberculosis, en ocasiones familiar o muy avanzados, que no reciben los medicamentos, pues oficialmente ya no hay tuberculosis en México. Esto hace mayores los riesgos de enfermar gravemente de Covid-19 en lugares donde no hay pobreza, sino miseria, pues están por debajo de los llamados pobres, añade la actriz por vía telefónica.

En tanto, al ser presentado al público, por medio de Rompevientos Tv, el pronunciamiento Por la vida, sobre la situación de Chiapas en sus vísperas de la pandemia, firmado por más de 100 organizaciones de México y Guatemala, el especialista Marcos Arana destacó las disparidades en las consecuencias de la pandemia. Un reporte de Radio Zapatista resume lo expresado por diversos especialistas sobre de las deficiencias en acceso a la información, hacinamiento, mala alimentación, poco acceso al sistema de salud y prevalencia de padecimientos de la pobreza.

La investigadora Ana Valadez expuso la disonancia entre las medidas gubernamentales y de las instituciones de salud privadas enfocadas en sujetos individuales, y la organización comunitaria, que se basa en una visión colectiva. Quedarse en casa, de acuerdo a esta visión colectiva, significa hacerlo en comunidad. Destacó la respuesta de las comunidades zapatistas, que declararon alerta roja y han tomado medidas muy eficaces. No obstante, numerosas comunidades expuestas a una guerra de baja intensidad ven comprometida su organización comunitaria.

Pedro Faro, director del Frayba, llamó la atención sobre los desplazados y los presos. En Chiapas hay unas 10 mil víctimas de desplazamiento por la violencia de grupos de corte paramilitar. Citó a los pobladores tzotziles de Aldama, donde a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, los disparos y agresiones continúan. Las cárceles del estado padecen un gran hacinamiento sin ningún tipo de acciones de salubridad.

Deyanira Clériga Morales, de Voces Mesoamericanas y Acción con Pueblos Migrantes, sostuvo que “las recomendaciones de ‘quedarse en casa’ representan un oxímoron para los migrantes internacionales y los retornados”. Su retorno a las comunidades sucede sin medidas que garanticen su bienestar y la seguridad de las comunidades.