La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que en las liberaciones amparadas en la Ley de Amnistía –cuya aprobación fue acelerada como medida de apoyo frente a la pandemia por coronavirus y hoy entra en vigor–- se considera a sentenciados por algunos delitos contra la salud, como personas en extrema pobreza, con discapacidad permanente, en esquema de discriminación o indígenas.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró dicha norma un acto humanitario y de justicia para algunos de los sectores sociales más desfavorecidos y llamó a aplicarla de manera urgente, por tratarse de un asunto de trascendencia nacional.

Sánchez Cordero explicó: tenemos ahí mujeres indígenas que ni siquiera hablan español y fueron engañadas para llevar una mochila o alguna maleta con droga, a las que estamos considerando por su extrema vulnerabilidad, o consumidores que portaban narcóticos en cantidades superiores a las permitidas.

Al participar en la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, explicó el plan de excarcelación operado por el gobierno federal desde antes de la pandemia, pero que ahora toma relevancia con la Ley de Amnistía, de la cual pidió a los gobiernos estatales hacer leyes espejo. porque la mayor parte de las personas que pudieran ser liberadas están sentenciadas por delitos de jurisdicción local, no federal. Estamos privilegiando medidas urgentes para excarcelar a embarazadas, adultas mayores e indígenas, explicó.