Ante la necesidad de afrontar la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, con 11 medidas administrativas que ejercerán las dependencias federales, organismos desconcentrados y empresas con participación mayoritaria del Estado, con el fin de generar un blindaje de 622 mil 565 millones de pesos para programas sociales por medio de un refuerzo de la política de austeridad rigurosa.

Instruyó mantener 38 proyectos y programas prioritarios, entre ellos las pensiones para adultos mayores y para personas con discapacidad, las becas académicas, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y el Banco del Bienestar.

Se preservan los proyectos estratégicos de su gobierno: la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec y el parque ecológico del lago de Texcoco.

Como parte de las medidas administrativas, destaca el anuncio de la cancelación de 10 subsecretarías, el cierre de la mitad de las oficinas para ahorrar recursos y el recorte salarial de hasta 25 por ciento para altos funcionarios que no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año, aunque también instruyó no despedir trabajadores.

La concepción del desarrollo

Las medidas tienen que ver con nuestra concepción sobre el desarrollo, y se aleja de lo que se ha hecho siempre cuando se presentan crisis económicas o lo que se llevaba a cabo, lo que se hacía durante el periodo neoliberal; esto es distinto, completamente, sostuvo el jefe del Ejecutivo.

▲ Al dar a conocer su plan para reactivar la economía, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que continuará el apoyo mediante programas sociales y la entrega de créditos a pequeños comerciantes.Foto José Antonio López y

Detalló que se mantendrán cerradas la mitad de las oficinas, excepto las que atiendan de manera directa a la población, e instruyó hacer esfuerzos de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario, para dejar a un lado la renta de edificios, vehículos, bodegas e inmuebles, y generar ahorros para mantener los programas prioritarios, entre los que también se encuentran las Tandas para el Bienestar, la Guardia Nacional, la producción petrolera, la construcción de 100 universidades, precios de garantía e Internet para todos.

Aunado a la indicación de no despedir a trabajadores del gobierno federal, también se estableció que no habrá incremento de personal, y se reducirá el salario de manera progresiva, hasta en 25 por ciento, para altos funcionarios, desde subdirectores hasta el mismo Presidente de la República, quienes tampoco recibirán aguinaldos al final del año.

Las medidas que tienen vigencia desde ayer y hasta concluir el año establecen la cancelación de 10 subsecretarías, pero garantizando las plazas y sueldos de los trabajadores de dichas áreas. Para los empleados más vulnerables en cuestión de salud por la pandemia, se mantendrá la suspensión laboral con goce de sueldo hasta el primero de agosto.

En conjunto, no se ejercerá 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros, esto también incluye a lo supuestamente comprometido.

Con el otorgamiento de 3 millones de créditos, y la generación de 2 millones de empleos que proyecta el gobierno, se protegerá a 70 por ciento de las familias más pobres.