a brutal sacudida económica por la pandemia del Covid-19 abre las puertas de par en par para erradicar cuatro décadas de modelo neoliberal e iniciar una nueva etapa de crecimiento y desarrollo más incluyente, equitativo y redistributivo. De hecho, el presidente López Obrador subrayó que es tiempo de cambiar el modelo; lo que está pasando en el mundo es una crisis de ese modelo; lo hemos dicho: es un error volver a lo mismo cuando es un modelo fracasado, especulativo, que no piensa en la gente.

El mandatario subrayó la necesidad de replantearnos hasta los parámetros en que se mide el supuesto crecimiento, porque ¿cómo es posible que hay crecimiento y es cuando se produce más desigualdad? Entonces, ¿en beneficio de quiénes o cómo se concentró lo que creció la economía?, ¿a quiénes benefició? Todo esto ya se ha empezado a debatir en el mundo.

Ayer, López Obrador dio a conocer los lineamientos generales del plan que su gobierno aplicará para enfrentar la crisis económica que ya padecemos en México y el mundo. Tiene que ver con nuestra concepción sobre el desarrollo y se aleja de lo que se ha hecho siempre cuando se presentan crisis económicas, con lo que se hacía durante el periodo neoliberal; esto es distinto, completamente.

En espera de que en estos días detalle cada medida –de urgente y categórica aplicación–, en líneas generales se trata de lo siguiente:

No se despedirá a ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal, se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en 25 por ciento de manera progresiva; no se ejercerá 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros; se cancelan 10 subsecretarías; se garantiza el empleo con el mismo rango e ingresos a quienes dejarán dichos cargos.

Se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación, debido a la pandemia, hasta el primero de agosto: permanecerá cerrada la mitad de las oficinas, excepto aquellas que atiendan de manera directa al público y las consideradas esenciales para el beneficio de la gente. En este periodo se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario, con el fin de dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas e inmuebles, entre otros ahorros.

Se posponen las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de 38 programas prioritarios, entre los que se cuentan los relativos a las pensiones para el bienestar de los adultos mayores, bienestar de las personas con discapacidad, Sembrando Vida, Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras, Becas para el Bienestar Benito Juárez, construcción de 100 universidades públicas, La Escuela es Nuestra, Jóvenes Construyendo el Futuro, Tandas para el Bienestar, Banco del Bienestar y atención médica y medicamentos gratuitos.

La Secretaría de Hacienda dispondrá de los recursos necesarios para cumplir con la entrega de participaciones federales a los estados, el pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública. Tendrán trato excepcional las secretarías de Salud, Marina y Defensa Nacional, así como la Guardia Nacional.

Se aplicará la Ley de Austeridad Republicana de manera rigurosa. La eficiencia, honestidad y austeridad permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622 mil 565 millones de pesos; al mismo tiempo, se otorgarán 3 millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media.

Se crearán 2 millones de nuevos empleos. Ello hará posible proteger a 70 por ciento de las familias mexicanas, sobre todo a los pobres y a los integrantes de las clases medias.

Las rebanadas del pastel

Bien lo plantea la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena: Esta coyuntura nos ofrece una encrucijada civilizatoria: o regresamos a la globalización concentradora, autoritaria, con el mismo diseño institucional, o construimos un futuro diferente.

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