Organizaciones nacionales e internacionales reaccionaron de formas diversas a la Ley de Amnistía recientemente aprobada en el Senado, pues para algunas se trata de un remedio incompleto y temporal a un fenómeno mayor, al tiempo que otras saludaron la nueva norma y exhortaron a las autoridades de México a ponerla en práctica de inmediato.

Enrique Martínez, abogado del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, consideró que la citada ley sí puede ayudar a que recuperen su libertad algunas personas encarceladas por delitos como aborto o faltas menores generadas por la situación de pobreza, pero al mismo tiempo es un parchecito que no nos va a durar, porque dichos ilícitos siguen existiendo, por lo que eventualmente más personas irán a prisión por los mismos motivos.

En tanto, las Oficinas en México de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc) y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludaron la aprobación de la Ley de Amnistía por las aportaciones que puede realizar para reducir los riesgos de contagio en centros penitenciarios federales, además de alentar a las entidades federativas a adoptar medidas de naturaleza similar.

De su lado, la Secretaría de Gobernación (SG) manifestó su reconocimiento al Congreso de la Unión por la aprobación de la Ley de Amnistía, y destacó que es un paso positivo que debe enmarcarse en la discusión sobre la transformación del sistema de justicia, además de insertarse en una serie de medidas previstas en la legislación mexicana para prevenir los contagios de Covid-19. Toda persona privada de la libertad debe recibir trato humano y respeto a sus derechos y garantías fundamentales como son la vida, la integridad personal y el acceso a la justicia, señaló la subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración, a cargo de Alejandro Encinas.

Por su parte, organizaciones feministas coincidieron en que la Ley de Amnistía beneficiará a poblaciones históricamente vulneradas, en particular a mujeres pobres, indígenas y transexuales que dentro de las cadenas de opresión del patriarcado se han visto desigualmente afectadas. Jimena Soria, de la organización Gire, dijo esperar que la nueva norma sea un primer paso para que el Congreso no sólo libere a las mujeres acusadas de abortar, sino también para que deje de criminalizarlas y perseguirlas, mientras Viridiana Valgañón, abogada de Equis Justicia para las Mujeres, exhortó al Ejecutivo para que, junto con la SG, conforme la comisión que revisará los casos, para que los beneficiados puedan obtener su libertad lo más pronto posible.