Entre 2009 y 2016 la relación entre deuda y producto interno bruto (PIB) en México se incrementó 14.12 por ciento anual. El objetivo era impulsar el consumo tras la crisis financiera global y financiar actividades productivas; sin embargo, el mayor endeudamiento no se reflejó en crecimiento económico, sostiene una publicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de este mes.

Si bien entre 2000 y 2016 el gasto público creció dos veces más rápido que la economía (4.4 por ciento en comparación con 2.2) luego de la crisis financiera, el repunte económico anual promedio fue de 2.05 frente al de la deuda, que lo hizo en 13.81.

En este contexto, el texto detalla que eso se debe, en gran medida, a que tanto en México como en América Latina, en tiempos de crisis, ante la falta de estabilizadores automáticos, los gobiernos han caído en la trampa del endeudamiento para financiar gastos improductivos, con el objetivo de impulsar la demanda agregada en el corto plazo, lo que se traduce en un déficit público persistente.

Los datos recientes

El estudio plantea que si bien el endeudamiento puede impulsar el crecimiento de la economía mexicana, cuando se cuenta por debajo del 27 por ciento como proporción del PIB, una vez que pasa ese límite, las contribuciones marginales al crecimiento se vuelven negativas. Las cifras más recientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la ubican en 44 por ciento.

En ese sentido, el estudio advierte que si la relación entre deuda y PIB supera el umbral de 55 por ciento, la expectativa es que las tasas de crecimiento se acerquen a cero por ciento o incluso sean negativas.

Con tasas de interés mucho más altas que la de crecimiento económico, en México aumenta la posibilidad de un alza explosiva en la relación deuda-PIB, con graves repercusiones económicas”.

Pese a que dicho límite varía en las investigaciones de país a país, el documento sostiene que este máximo lo pone la percepción de los inversionistas privados. Por ejemplo, agrega, la probabilidad de incumplimiento soberano es mucho mayor en México que en Estados Unidos, por lo que su límite será menor.

Por otro lado, estos inversionistas también contemplan el uso de recursos –en México también– para financiar el gasto social, en lugar de proyectos de inversión pública.