El Poder Judicial de la Ciudad de México informó que 78 adultos y cuatro adolescentes forman parte del primer paquete de preliberados por razones humanitarias, ante la emergencia sanitaria por Covid-19 que se enfrenta.

Son revisados un total de 800 expedientes de personas vulnerables en reclusión, como adultos mayores e internos con enfermedades crónico-degenerativas que hayan cometido delitos no graves y hayan reparado el daño causado a la víctima.

Se trata, dijo, de un esfuerzo conjunto con la Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que juzgados de ejecución reinicien el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada a internos.

Hasta el momento, precisó, no se ha tenido conocimiento de ningún caso de contagio, pues se implementan medidas para garantizar la salud de las personas imputadas y consignadas.

A instancias del presidente del Poder Judicial, Rafael Guerra Álvarez, se inició esta semana la revisión de 800 casos de personas vulnerables en reclusión para determinar si se benefician del programa de libertades por razones humanitarias.

Al respecto, la Comisión de Justicia para Adolescentes del pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia emitió un acuerdo administrativo que modifica la sanción en internamiento impuesta a cuatro adolescentes, por estancia domiciliaria.

Dicha resolución garantiza el interés superior del menor y su derecho a la salud, y responde al principio de humanidad en las sanciones frente a la emergencia sanitaria en el país, pues el sector de los adolescentes es considerado vulnerable y debe ser atendido.

Una vez que se reanuden las labores, los cuatro jóvenes beneficiados tendrán que acudir al llamado judicial; mientras, 78 hombres y mujeres, quienes se encontraban internos en alguno de los 13 centros penitenciarios, fueron preliberados.

Por otra parte, el subsecretario de Sistema Penitenciario, Hazael Ruiz, señaló que se realizan pruebas para detectar posibles casos de Covid-19 en los nuevos ingresos y se habilitaron carpas con 150 camas y servicios básicos en siete reclusorios.

En el informe que turnó al juez primero de distrito en materia administrativa para dar cumplimiento a un juicio de amparo promovido por una asociación civil, precisó que ahí se atenderá a la población que sufra de la enfermedad, aunque no se tiene ningún caso.

Mencionó que se trabaja para garantizar el contacto de las personas privadas de la libertad con el exterior a través del acceso a tarjetas telefónicas, más tiempo en las llamadas, así como ampliar las vías de comunicación mediante videollamadas, y se incrementaron las medidas para garantizar la salud del personal y de personas imputadas y consignadas.