La actual crisis de salud y económica por el Covid-19 requiere políticas de tiempos de guerra; no se descartan acciones invasivas por parte de los Estados para garantizar suministros clave, como preferir contratos públicos para insumos críticos y bienes finales, la conversión de industrias, incluso nacionalizaciones selectivas, expusieron un grupo de economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La temprana incautación de máscaras médicas en Francia y la activación de la Ley de Producción de Defensa en Estados Unidos para garantizar la producción de equipos médicos, ilustran esto. El racionamiento, los controles de precios y las reglas contra el acaparamiento también pueden estar justificados en situaciones de escasez extrema, se consigna en uno de los documentos de difusión que genera el organismo.

Cuatro economistas del FMI consideraron que la actual pandemia es una crisis como ninguna otra; e implica un mayor papel para el sector público, donde recae la responsabilidad de la recuperación. Así, si la crisis empeora, es previsible la expansión de grandes compañías estatales para cargar con empresas privadas en dificultades, tal como sucedió en Estados Unidos y Europa durante los años 30 del siglo pasado en la llamada Gran Depresión.

La emergencia justifica una mayor intervención del sector público mientras persistan circunstancias excepcionales, pero debe proporcionarse de manera transparente y con claras cláusulas de expiración, reza la propuesta del FMI.

Si bien, esto resulta más fácil de financiar para economías avanzadas, las emergentes y de bajos ingresos (como es la mexicana) se enfrentan a la fuga de capitales por lo que requerirían subvenciones y financiamiento de la comunidad global.

En este entorno, el papel de la política económica no es estimular la demanda agregada, al menos no de inmediato, subrayan. Por lo pronto se deben aumentar los recursos para la prueba y el tratamiento del Covid-19; mantener la atención médica regular, la producción y distribución de alimentos, la infraestructura esencial y los servicios públicos.

En ese sentido, dan prioridad a que los trabajadores no pierdan sus empleos, las empresas eviten la bancarrota y se mantengan las redes comerciales y comerciales.

Y destacan: Si se otorgan transferencias o préstamos subsidiados a una gran corporación, deben estar condicionados a preservar los empleos y limitar la compensación del director ejecutivo, los dividendos y las recompras de acciones, estiman Giovanni Dell’Ariccia, Paolo Mauro, Antonio Spilimbergo yJeromin Zettelmeyer, coautores del texto.