n la semana anterior el desbarajuste económico mundial precipitado por las medidas de contención de la pandemia golpeó a México con la caída de los precios internacionales del petróleo y el derrumbe de la moneda nacional frente al dólar. Por añadidura, el sábado pasado la frontera común con Estados Unidos quedó parcialmente cerrada. La política continental del país experimentó un grave revés con la relección de Luis Almagro como secretario general de la OEA, y para colmo se cayeron un helicóptero de la Marina, en Veracruz, y un tramo del techo de la Central de Abastos en la capital. Y mientras en Italia, España y otros países aumentaba el pánico generalizado y las muertes por Covid-19, las oposiciones –la mediática, la política y la empresarial– incrementaron su golpeteo y sus campañas de pánico. La fábrica de mentiras y rumores operada por los comentócratas elevó la producción a su máxima capacidad con la esperanza de aprovechar la oportunidad de un gobierno al que suponían acorralado.
Pero la Cuarta Transformación, un fenómeno nacional más amplio que el gobierno lopezobradorista, siguió su marcha a pesar de todo. Los movimientos sociales de Mexicali ganaron la consulta realizada el sábado y el domingo y pararon en seco el empecinamiento de instalar una planta cervecera que habría dejado sin agua a una ciudad enclavada en una región seca. La Coparmex hizo un berrinche proporcional a la magnitud de los intereses financieros afectados y hasta amenazó con buscar la remoción por la vía judicial del Presidente y de la secretaria de Gobernación. Y a pesar de la peste de opinionitis aguda orientada a desacreditar el manejo gubernamental de la crisis, las autoridades iniciaron hace una semana la suspensión de clases, el lunes arrancaron la Jornada Nacional de Sana Distancia y en los días ulteriores adoptaron medidas más severas de distanciamiento social para hacer frente a la Fase 2 de los contagios de coronavirus, todo ello con un manejo científico e impecable que mereció –por segunda vez desde enero– el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud.
En el frente económico –en el que ningún gobierno, por rico que sea, se dará abasto para lidiar con los efectos de la paralización de actividades– López Obrador había anunciado el pago por adelantado de cuatro meses de pensiones a los adultos mayores. Adicionalmente anunció que las arcas públicas disponen de ahorros de 400 mil millones de pesos para mitigar los efectos del parón económico y la integración de un fondo de 25 mil millones para microcréditos a un millón de pequeñas empresas que, sin duda, están en serios aprietos. Así, hacia el fin de la semana, las instituciones federales llegaron a una suspensión de actividades para reforzar el distanciamiento con el que se espera reducir al mínimo posible el incremento de los contagios, un fenómeno que ciertamente va a producirse.
A mediados de la semana el Senado aprobó dar a los programas sociales del actual gobierno –pensiones a adultos mayores, becas para estudiantes y cobertura universal de salud– rango de derechos constitucionales, en lo que significa un enorme paso en la construcción del Estado de bienestar. Un día después vino la aprobación de la Ley para la Protección del Maíz Nativo, legislación clave para mantener a raya la voracidad de las empresas dedicadas al tráfico de biopatentes y transgénicos. Un sector del empresariado empezó a colaborar en forma significativa con donaciones millonarias para adquirir equipos médicos y y los bancos anunciaron aplazamientos en los cobros de créditos.
Ante la solidez del desempeño gubernamental en el control de la crisis –la sanitaria y la económica–, la propaganda sucia de los opositores de todas las vertientes ha quedado reducida a la insustancialidad. Aunque es imposible probarlo, tal vez la desazón de algunos actores y sectores políticos desplazados no sea ajena a la ola de saqueos ocurridos en días recientes en comercios de la capital y el estado de México –unos 30–, hechos delictivos alentados desde grupos de Facebook y Whatsapp que no son producto de la necesidad sino del oportunismo
, según dijo el secretario capitalino de Seguridad Ciudadana, al informar que no estuvieron dirigidos a obtener alimentos sino bebidas alcohólicas, cajas de cigarros, ropa, zapatos tenis o teléfonos celulares.
Imposible olvidar lo que ocurrió a escala nacional a principios de 2017, cuando al calor de las movilizaciones populares en repudio al gasolinazo del primero de enero, grupos organizados se lanzaron a desvalijar supermercados en varias entidades, en lo que muchos interpretaron como intento de autoridades de distintos niveles de desacreditar los legítimos movimientos de protesta. Ojalá que en esta ocasión sea posible determinar con claridad quiénes están tras las convocatorias a los saqueos.
Lo fundamental es que, incluso en este mar picado, la 4T avanza.
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